El Ministerio Público intervino tras registrarse denuncias sobre presuntas irregularidades en obras en María Antonia, departamento de Paraguarí, donde una estructura escolar figuraba como terminada y pagada sin estar concluida. La comitiva judicial se presentó en la compañía Urundey para verificar las condiciones de una cocina-comedor en la Escuela Básica María del Pilar Pacheco Maidana. La acción responde a una presentación formal del actual jefe comunal, Pedro Penayo.
El intendente Pedro Penayo denunció que el proyecto escolar costó G. 206 millones y fue adjudicado a la firma R.V. Construcciones y Arquitectura, de Cándido Ramón Villalba Caballero. La edificación contaba con acta de recepción definitiva formalmente aprobada y saldada en su totalidad. Sin embargo, el ejecutivo municipal constató que las labores físicas permanecían sin terminar al asumir sus funciones.
Durante la verificación, el asistente fiscal Juan Alum encontró en el sitio a dos albañiles trabajando. Los obreros manifestaron que habían sido contratados de forma directa por el exintendente Luis Carlos Ledezma para proseguir las tareas. Paralelamente, la firma contratista acudió a la Justicia y promovió un amparo constitucional contra la Municipalidad local ante el Juzgado de Garantías de Ybycuí.
El magistrado Rodolfo Emmanuel Vera Rodríguez admitió a trámite el recurso y otorgó un plazo de tres días a la intendencia para remitir un informe técnico detallado. No obstante, el juzgado rechazó la medida cautelar de urgencia solicitada por la contratista para ingresar al recinto escolar, al no comprobarse la verosimilitud del derecho ni peligro inminente de daño irreparable.
Inspección fiscal y el conflicto judicial por obras en María Antonia
Las pesquisas administrativas abarcan también refacciones en la Escuela Básica N.º 1309 Don Justo Antonio Quintana, donde se adjudicaron mejoras por G. 73.228.945 a la proveedora JME Construcciones, representada por José María Enciso Vega. En dicha institución rural se detectaron supuestos incumplimientos de las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.
De acuerdo con los antecedentes remitidos por la Comuna, el plan de refacción requería tirantes de cemento y una puerta metálica de chapa para tres aulas del establecimiento. Pese a las pautas contractuales, la constructora habría reutilizado los tirantes originales de madera y las antiguas aberturas principales. La persistencia de reclamos impulsó a la comunidad educativa a exigir transparencia respecto al destino de los recursos comunales.
El manejo de las obras en María Antonia generó preocupación entre directores y padres de familia del distrito. Los fondos destinados a infraestructura escolar buscan garantizar espacios seguros y dignos para los estudiantes de zonas rurales, por lo que las fallas técnicas impactan directamente en las actividades lectivas cotidianas.
Postura del exintendente y procedimientos administrativos
El exintendente Luis Carlos Ledezma ofreció su descargo respecto a las dos obras en María Antonia cuestionadas por la actual administración. En relación con el comedor de la compañía Urundey, reconoció que la obra cuenta con recepción definitiva y que fue abonada íntegramente sin una inspección ocular propia. Explicó que el pago se autorizó con base en el informe emitido por el fiscalizador, el arquitecto Bernardo Moray.
Respecto a los trabajos en la Escuela N.º 1309, Ledezma admitió que se mantuvieron las estructuras existentes en lugar de colocar materiales nuevos. Sin embargo, el exjefe comunal aseveró que la empresa JME Construcciones no percibió cobros por la colocación de tirantes de hormigón armado ni por aberturas de chapa metálica, asegurando que los montos facturados correspondieron estrictamente a las tareas ejecutadas.
Las fiscalizaciones continúan en la sede fiscal para determinar si existieron faltas en el deber de cuidado o posibles responsabilidades penales. Las normas de contrataciones públicas de Paraguay exigen que cada certificado de avance coincida con la realidad de las construcciones antes de cualquier desembolso, garantizando la protección del patrimonio público.
Datos clave
- Denuncia formal: El intendente Pedro Penayo denunció que la cocina-comedor de la Escuela María del Pilar Pacheco Maidana figura con recepción definitiva pero no fue terminada.
- Monto adjudicado: La obra del comedor escolar fue otorgada a la empresa R.V. Construcciones y Arquitectura por un total de G. 206 millones.
- Medida judicial: El juez Rodolfo Vera Rodríguez admitió el amparo de la empresa contratista, pero denegó la medida cautelar que pedía retomar faenas.
A la par de las pesquisas en la compañía Urundey, las autoridades analizan otra contratación comunal que generó sospechas similares entre los pobladores.
- Segunda refacción: Se cuestiona un contrato de G. 73.228.945 en la Escuela Don Justo Antonio Quintana por presunta reutilización de materiales antiguos.
- Descargo oficial: El exintendente Luis Carlos Ledezma afirmó que pagó la cocina escolar confiando en el fiscal de obra, aunque negó cobros irregulares en la segunda edificación.






