Las autoridades ibéricas otorgaron de forma oficial la nacionalidad española a nicaragüenses que sufrieron la pérdida arbitraria de su ciudadanía debido a medidas del Gobierno de Managua. La disposición fue resuelta por el Consejo de Ministros y publicada formalmente en el Boletín Oficial del Estado tras la ratificación del monarca Felipe VI. Con esta determinación, decenas de activistas y presos políticos logran amparo frente a la condición de apatridia forzada.
Alcance de la medida y beneficiarios protegidos
Entre las personas amparadas por la resolución se destacan figuras reconocidas por su labor cívica y comunitaria en el país centroamericano. La lista incluye al referente del sector campesino Medardo Mairena Sequeira, a la jurista María del Socorro Oviedo Delgado y al dirigente Pedro Joaquín Chamorro Barrios. También se encuentran en este grupo la líder estudiantil Adela Elizabeth Espinoza Tercero, junto a Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero y Abdul Montoya Vivas.
Todos ellos padecieron previamente el encierro carcelario o el destierro forzado implementado por las estructuras estatales de Managua. La administración europea tramitó la medida a través de una serie de resoluciones ministeriales avaladas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este esquema responde a una política de protección activa frente a las medidas restrictivas que privaron de documentos de identidad a disidentes.
Mecanismo para otorgar la nacionalidad española a nicaragüenses
El procedimiento implementado por el Ejecutivo español corresponde a la figura jurídica conocida como carta de naturaleza. Este mecanismo especial está contemplado en el Código Civil de España y se aplica de forma discrecional ante circunstancias excepcionales. A diferencia del trámite ordinario por residencia, no impone la exigencia de haber vivido previamente dentro del territorio ibérico durante varios años.
Para completar la concesión definitiva de la nacionalidad española a nicaragüenses despojados de sus derechos, los interesados deberán cumplir con un trámite formal ante el registro correspondiente. Este paso consiste en realizar la promesa o juramento de lealtad a la corona y acatamiento a la Constitución española. Con ello, las personas protegidas recuperan la facultad de viajar, ejercer profesiones y residir con plena validez legal.
Impacto de la apatridia y respuesta internacional
La crisis de despojo ciudadano se profundizó tras las medidas implementadas a comienzos de 2023, cuando centenares de personas perdieron su identidad cívica. Además del retiro de la ciudadanía, las oficinas consulares recibieron órdenes de bloquear la renovación de pasaportes. Esta situación generó un estado de indefensión total que impidió trámites básicos de supervivencia e inserción laboral en diversas partes del mundo.
Diversas entidades cívicas, entre ellas la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo, valoraron la decisión gubernamental. Su representante, José Denis Cruz, señaló que la pérdida de la nacionalidad anula la identidad jurídica y trunca cualquier proyecto de vida digno. Por ello, la vía de la nacionalidad española a nicaragüenses constituye un alivio vital que reconstruye derechos vulnerados por el autoritarismo.
Desde 2018 hasta 2025, España ha concedido protección internacional y asilo a 5.747 ciudadanos nicaragüenses que huyeron de la persecución política. La legislación española contempla el asilo ante temores fundados de hostigamiento por razones ideológicas o de pertenencia social. Este nuevo paquete de decretos reafirma la postura de brindar resguardo diplomático a quienes quedaron desprovistos de patria.
Datos clave
- Decisión oficial: El Consejo de Ministros español aprobó 46 decretos para otorgar la ciudadanía a opositores y defensores de derechos humanos nicaragüenses.
- Mecanismo legal: La medida se formalizó por carta de naturaleza, una vía excepcional contemplada en el Código Civil español que no exige residencia previa.
- Destinatarios destacados: Entre los beneficiados figuran Medardo Mairena, Pedro Joaquín Chamorro, María del Socorro Oviedo y Adela Espinoza.
- Protección acumulada: Entre 2018 y 2025, España concedió asilo humanitario a un total de 5.747 ciudadanos de Nicaragua perseguidos por motivos políticos.
