La Municipalidad de Laureles enfrenta un complejo escenario institucional debido a la inhabilitación tributaria y diversos reclamos judiciales por morosidad. La situación fue expuesta por el jefe comunal entrante, Eider Vera, quien reportó un cuadro administrativo adverso al iniciar su gestión en el distrito.
El problema central radica en una medida restrictiva aplicada por la autoridad recaudadora estatal. Este bloqueo impide la tramitación regular de compras, contratos públicos y operaciones financieras esenciales para el desarrollo del municipio.
Bloqueo del registro tributario y procesos judiciales
De acuerdo con las constancias oficiales de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el registro comunal N.º 80021483-8 figura inhabilitado bajo el rótulo de morosos con certificado de deuda. La sanción administrativa se desprende de un juicio ejecutivo impulsado por la entidad tributaria contra la institución municipal, procedimiento que fue debidamente notificado el 25 de marzo de 2026.
Entre los compromisos fiscales pendientes destaca el Impuesto a la Renta Personal derivado de pagos y remuneraciones del ciclo 2025. Dicha obligación venció el 16 de febrero de 2026 y permanece activa sin registro de liquidación efectiva en el sistema.
Situación impositiva de la Municipalidad de Laureles y recursos estatales
El conflicto administrativo cobra mayor relevancia al contrastarse con los envíos de dinero efectuados por el gobierno central. Planillas del Ministerio de Economía y Finanzas certifican transferencias abonadas a la Municipalidad de Laureles durante el ejercicio vigente por un valor total de G. 2.910.468.673.
El detalle financiero remitido por la cartera estatal muestra transferencias consolidadas por G. 711.660.351 y aportes de coparticipación del impuesto inmobiliario por G. 537.328.508. Igualmente, se computaron G. 386.087.531 en compensaciones varias, G. 88.232.837 del canon de juegos de azar y G. 1.187.159.446 bajo el concepto de otros recursos.
Descargo del exintendente y postura de la administración anterior
Ante los señalamientos de la actual jefatura comunal, el anterior intendente Fermín Candia rechazó que su gestión haya dejado un esquema financiero quebrado. El exadministrador sostuvo que el traspaso de mando se realizó mediante el corte administrativo legal pertinente, donde se puntualizaron los compromisos vigentes con el fisco.
Candia aseveró que durante su mandato no registraron mayores trabas operativas y estimó que la deuda reclamada por los órganos tributarios oscila en torno a los G. 80 millones. Asimismo, puntualizó que quedaron pendientes de recepción cerca de G. 800 millones en recursos estatales que permitirían honrar dichos pasivos.
El exjefe comunal calificó las declaraciones del actual titular como un intento de desviar la atención sobre las promesas electorales pendientes de cumplimiento. Recordó además que al iniciar su período asumió el mando comunal tras una renuncia anticipada que había dejado acéfala la institución por varios meses.
Exigencia de transparencia y perspectivas del distrito
La controversia entre las autoridades entrantes y salientes resalta la necesidad de clarificar el destino de los fondos públicos en el departamento de Ñeembucú. Para los pobladores resulta fundamental que se aclaren las causas que derivaron en la interrupción de los pagos impositivos obligatorios.
La normalización institucional dependerá de los acuerdos de pago y trámites legales que encare el nuevo equipo municipal para levantar la sanción de la DNIT. Restablecer la regularidad impositiva será indispensable para reactivar las inversiones comunales y salvaguardar los servicios básicos en la localidad.
Datos clave
- Inhabilitación fiscal: La autoridad recaudadora dispuso el bloqueo del registro tributario comunal por un juicio ejecutivo de cobro.
- Impuestos impagos: La institución adeuda el Impuesto a la Renta Personal retenido sobre retribuciones correspondientes al periodo 2025.
- Transferencias públicas: El Estado desembolsó más de G. 2.910 millones en conceptos de royalties, impuestos y cánones durante el año.
- Postura del saliente: El exintendente Fermín Candia afirmó que la deuda real ronda G. 80 millones y que restan G. 800 millones por cobrar.






