La muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen nicaragüense expone un método sistemático de violaciones a las libertades fundamentales, de acuerdo con un reporte elaborado por el Grupo de Expertos de Naciones Unidas. El dirigente miskito de 73 años permaneció detenido desde finales de septiembre de 2023 sin una orden judicial previa. Su deceso se oficializó tras meses de aislamiento forzado y falta de atención médica oportuna.
Captura irregular y régimen de incomunicación
El histórico dirigente de la organización indígena Yatama fue privado de su libertad el 29 de septiembre de 2023 en la localidad de Bilwi. Efectivos policiales ingresaron a su vivienda particular sin exhibir ningún mandato de allanamiento ni orden de aprehensión formal. Durante un tiempo prolongado, las autoridades gubernamentales evitaron brindar detalles concretos a los familiares sobre su estado o el sitio donde permanecía recluido.
Diversos organismos del sistema interamericano habían exigido garantías para el exdiputado ante la evidente vulnerabilidad de su salud. Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resoluciones provisionales para verificar su ubicación y otorgarle asistencia médica, las instituciones nicaragüenses desoyeron tales mandatos internacionales de manera recurrente.
Rivera padecía afecciones respiratorias crónicas y secuelas pulmonares de vieja data que demandaban fármacos específicos y consumo exclusivo de agua tratada. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios restringieron la provisión de tratamientos esenciales y limitaron el contacto directo con sus defensores legales.
Investigación de la ONU tras la muerte de Brooklyn Rivera
El panel de investigación de las Naciones Unidas denominó su reporte como una descripción de la crueldad estatal, focalizada en desapariciones forzadas y muertes carcelarias. Las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud recién publicaron imágenes del dirigente hospitalizado escasos días antes de su fallecimiento, mostrándolo entubado y en un estado crítico.
Especialistas sanitarios independientes evaluaron la documentación gubernamental y determinaron que existen inconsistencias sustanciales entre los partes oficiales. El régimen no permitió la realización de una autopsia neutral ni facilitó el expediente clínico íntegro. El caso no constituye un hecho aislado, pues los peritos documentaron que al menos ocho personas privadas de libertad bajo custodia fallecieron en circunstancias parecidas desde 2018.
Entre las demás víctimas mortales registradas bajo custodia desde 2018 figuran Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo y el general retirado Humberto Ortega Saavedra. El común denominador en estos sucesos fue el encierro prolongado de adultos mayores en celdas precarias con enfermedades preexistentes sin atención médica adecuada.
Medidas represivas contra el entorno y control del sepelio
Las secuelas del hecho alcanzaron a la comunidad cercana del exdiputado caribeño. Con posterioridad a la muerte de Brooklyn Rivera, fuerzas de seguridad detuvieron a seis parientes cercanos y a dos colaboradores del dirigente. Además, el Estado controló de forma estricta los servicios fúnebres en Managua, impidiendo que sus restos fueran trasladados para recibir las honras fúnebres tradicionales de la cultura miskita.
El informe de la ONU concluye que la ausencia de procesos judiciales independientes sobre las muertes bajo custodia perpetúa la impunidad dentro del país centroamericano. La falta de transparencia institucional y el ocultamiento de las condiciones de encarcelamiento representan una constante que incrementa el peligro para las personas retenidas por razones políticas.
Datos clave
- Líder miskito: Brooklyn Rivera encabezó la organización indígena Yatama y contaba con medidas cautelares otorgadas por el sistema interamericano.
- Detención arbitraria: Uniformados irrumpieron en su vivienda de Bilwi sin mandato judicial y ocultaron su paradero a la familia.
- Patrón carcelario: La ONU registró al menos ocho fallecimientos bajo custodia estatal en el país centroamericano desde el año 2018.
- Represalias familiares: Al menos seis parientes y dos allegados resultaron detenidos luego de que se confirmara el deceso del dirigente.
