El modelo de seguridad penitenciario desarrollado en El Salvador será examinado de primera mano por una comitiva de legisladores de Honduras. La delegación oficial, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, inició una gira internacional con el propósito de observar los mecanismos de control aplicados a organizaciones delictivas. La intención central consiste en evaluar los métodos de gestión carcelaria y proyectar ajustes en el marco legal hondureño.
Observación de recintos y experiencia regional
Los parlamentarios hondureños incluyeron en su itinerario diversos países, entre ellos Costa Rica, Colombia y Estados Unidos, además de El Salvador. Durante la estancia en territorio salvadoreño, la delegación gestiona el ingreso al Centro de Confinamiento del Terrorismo para verificar la custodia de reclusos de alta peligrosidad. Las autoridades buscan conocer los protocolos implementados para impedir que los jefes de pandillas continúen impartiendo órdenes criminales desde el encierro.
Zambrano detalló que el parlamento de su país también examinó antecedentes normativos de naciones como Chile, Argentina y España. El propósito institucional es diseñar una estrategia integral contra estructuras calificadas como terroristas, adaptando herramientas eficaces al contexto local. Esta revisión internacional busca sustentar modificaciones operativas y procesales en el combate contra los grupos ilícitos organizados.
El análisis de modelos extranjeros responde a la urgencia de modernizar las capacidades de vigilancia e infraestructura penal en Honduras. La comitiva busca recabar datos sobre esquemas de aislamiento estricto, tecnología de monitoreo y rutinas penitenciarias de máxima seguridad. Estos elementos servirán como base técnica antes de ejecutar eventuales reformas presupuestarias y estructurales en el sistema penitenciario nacional.
Modificaciones al Código Penal y procesal
La visita internacional coincide con una serie de proyectos legislativos orientados a transformar la justicia punitiva en Honduras. El titular del parlamento explicó que preparan modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, sujetas a la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Entre las medidas sobresale la eliminación de beneficios de libertad condicional y preliberación para acusados de terrorismo o narcotráfico.
Asimismo, las iniciativas plantean extender hasta 48 horas el límite de tiempo para remitir a los sospechosos ante las autoridades judiciales. El paquete de reformas también propone autorizar actuaciones judiciales en horarios extraordinarios e incorporar el análisis de tatuajes como elemento de identificación de presuntos pandilleros. No obstante, las autoridades aclararon que los registros corporales no equivaldrán a una presunción automática de culpabilidad sin sustento probatorio.
El impacto del modelo de seguridad en la región
La aplicación y el alcance del modelo de seguridad salvadoreño genera un debate constante en los países de Centroamérica sobre la contención criminal. En el caso de Honduras, estas propuestas pretenden articularse con medidas previas como el Decreto 208-2026, enfocado en endurecer el régimen para reclusos peligrosos. Aquella norma dispuso traslados a celdas de máxima vigilancia, restricciones de visitas y mayor control sobre las actividades internas.
De igual manera, el Congreso hondureño aprobó con anterioridad el Decreto 84-2026 para agravar las sanciones ligadas a la extorsión de pandillas. Los diputados aguardan la confirmación de los permisos oficiales para visitar los penales salvadoreños y completar su agenda de trabajo internacional. Mientras tanto, el plenario legislativo permanece a la espera del dictamen judicial para iniciar la votación definitiva de las nuevas reformas.
Datos clave
- Gira oficial: Legisladores hondureños liderados por Tomás Zambrano buscan ingresar al presidio de máxima seguridad CECOT en El Salvador.
- Reformas procesales: El parlamento proyecta anular la libertad condicional para integrantes de pandillas y extender a 48 horas el plazo de presentación judicial.
- Control penitenciario: La iniciativa busca reforzar la legislación previa de 2026 contra delitos de extorsión y crimen organizado.
- Revisión judicial: El paquete legislativo requiere el pronunciamiento formal de la Corte Suprema de Justicia antes de su tratamiento final.
