El incidente sufrido por el exgobernador de Central, Hugo Javier González, en su celda del Pabellón Industrial La Esperanza, reabrió el debate sobre la asistencia médica a las personas privadas de libertad (PPL). El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado remarcando que las personas recluidas mantienen intacto su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el cual debe ser equivalente al de la población en libertad.
El MNP denunció la persistencia de barreras burocráticas, contingencias administrativas y protocolos de custodia que ralentizan el traslado de reclusos a centros asistenciales de urgencia. Ante esta situación, exigió erradicar los obstáculos logísticos y garantizar derivaciones hospitalarias inmediatas y oportunas en casos de emergencia médica.
Propuesta de reforma: transferir la sanidad al Ministerio de Salud
Para subsanar las falencias del sistema actual, el MNP planteó un cambio estructural: retirar la gestión de la sanidad penitenciaria del ámbito del Ministerio de Justicia y transferirla al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
La propuesta contempla la creación de una dirección general o dependencia equivalente dentro de la cartera de Salud, dotada de capacidad técnica y recursos propios. El objetivo es que la atención médica dentro de las penitenciarías se aplique de forma autónoma y bajo criterios exclusivamente profesionales y sanitarios, sin interferencias de la administración penitenciaria.
Exigen investigación sobre las demoras
El MNP solicitó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido con el exgobernador para deslindar responsabilidades administrativas o penales por la demora en la asistencia. Finalmente, la institución enfatizó que el Estado tiene el deber ineludible de evitar agresiones, torturas o tratos inhumanos a las personas bajo su guarda, por lo que instó a adoptar medidas preventivas de fondo para evitar que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.
