La misión de la OEA presentó su evaluación sobre las recientes elecciones municipales en Paraguay y advirtió sobre la falta de rigor en la cadena de custodia de las actas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), además del uso desmedido del voto asistido y la difusión irregular de bocas de urna. El grupo observador, encabezado por el diplomático uruguayo Nicolás Albertoni, entregó una serie de recomendaciones puntuales orientadas a subsanar vulnerabilidades institucionales e informáticas en la administración de los sufragios.
Aunque el informe general ponderó de forma positiva el comportamiento cívico y el desempeño de las 17.992 máquinas de votación implementadas en la jornada comicial, dejó al descubierto fallas logísticas y procedimentales que exigen reformas urgentes de cara a futuros eventos electorales en el país.
Custodia documental y observaciones al software electoral
Uno de los reparos más enfáticos de la delegación internacional recayó sobre el manejo físico de las actas de resultados. El informe reveló que los papeles son llevados por acopiadores hacia los Centros de Escaneo y Transmisión sin contar con un protocolo formal de entrega y recepción que certifique la cadena de custodia documental. Para subsanar este vacío, se planteó la creación de constancias escritas estrictas en cada punto de transferencia.
En el plano tecnológico, el análisis técnico expuso asimetrías de control. La misión de la OEA constató que solo el código fuente de las máquinas de votación fue sometido a un proceso de sellado oficial. Por el contrario, los módulos del sistema TREP, las plataformas de difusión web de resultados preliminares, el sistema del juzgamiento definitivo y la base de datos de consulta del padrón no contaron con un procedimiento formal de sellado, versionado permanente ni aprobación pública. Estos datos coinciden con cuestionamientos previos de sectores políticos, entre ellos los reclamos del legislador liberal Ever Villalba respecto a la necesidad de auditorías informáticas más profundas.
Controles sobre el sufragio asistido y encuestas prohibidas
El documento dedicó un capítulo crítico a la aplicación de la asistencia en las urnas. La comitiva remarcó que el voto asistido debe operar exclusivamente como una excepción reglamentada para garantizar el derecho al sufragio en casos justificados y no como una práctica sistemática moldeada por intereses partidarios. Si bien las normas del Tribunal Superior de Justicia Electoral disponen el registro del acompañante, los expertos alertaron que no existen sanciones previstas ante transgresiones reiteradas, repitiendo un escenario que ya había sido objetado en 2023.
Asimismo, el organismo multilateral cuestionó la divulgación de sondeos a boca de urna mientras las mesas receptoras de votos aún continuaban habilitadas para los votantes. Esta conducta vulneró las prohibiciones vigentes y reabrió el debate parlamentario en la Cámara de Diputados, donde el diputado Mauricio Espínola promovió iniciativas de control más rigurosas frente a la proliferación de mediciones durante el horario de votación.
Fiscalización del dinero de campaña y veeduría civil
La misión de la OEA también recogió reclamos por el intenso despliegue financiero durante los comicios locales. El diagnóstico alertó sobre la ausencia de un tope legal de gastos específico para campañas municipales, lo que limita la capacidad de la justicia electoral para contrastar el gasto real en propaganda y logística con los balances declarados por los candidatos.
Por último, el reporte exteriorizó su pesar por la total ausencia de observadores cívicos nacionales en las mesas de sufragio debido a trabas de acreditación, llamando a reabrir la participación ciudadana en futuros certámenes democráticos para dotar de mayor legitimidad a los resultados.
Datos clave
- Seguridad documental: La OEA detectó que las actas TREP no cuentan con comprobantes formales de entrega y recepción en su trayecto hacia los centros de transmisión.
- Sellado digital: Únicamente las máquinas de votación tuvieron sellado de código fuente, dejando sin ese blindaje formal al TREP, a la consulta del padrón y al sistema de escrutinio definitivo.
- Voto asistido y bocas de urna: Se recomendó fijar castigos efectivos al abuso del sufragio asistido y penalizar la emisión irregular de encuestas durante el horario de votación.
- Financiamiento político: El informe remarcó la necesidad de fijar límites a los gastos electorales municipales para garantizar una fiscalización real.
