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Justicia rechaza anular la compra de inmueble adquirida durante la gestión de Thelma Aldana

Redaccion BM Online•13 de noviembre de 2026 a las 11:35 p. m.•Ciudad de Guatemala

Fachada curvada de ladrillo visto y balcones blancos de un edificio corporativo bajo un cielo azul despejado.

El Ministerio Público de Guatemala sufrió un revés judicial luego de que la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulara la declaración de lesividad con la que pretendía rescindir la adquisición de una propiedad en la capital. La resolución judicial desestimó los reclamos planteados por la fiscalía y reconoció la validez de las excepciones presentadas por la firma mercantil Bertram S. A. De este modo, la justicia dejó plenamente firme la operación de compraventa del denominado Edificio Gerencial Asunción.

La controversia institucional que enfrentó al Ministerio Público de Guatemala con la firma Bertram S. A. se originó tras la adquisición del inmueble por una suma de 35,1 millones de quetzales, equivalentes a casi 4,6 millones de dólares. La operación se había formalizado en octubre de 2017 durante el mandato de la exfiscal general Thelma Aldana. Posteriormente, la administración liderada por María Consuelo Porras impulsó acciones legales para dejar sin efecto la transacción comercial y denunció a su antecesora por presuntas irregularidades.

El fallo judicial contra el Ministerio Público de Guatemala

Los magistrados que integran la Sala Quinta determinaron que la institución acusadora omitió procedimientos obligatorios antes de declarar lesivo el acuerdo. Según expone el fallo, la entidad persecutora no confirió la audiencia legal correspondiente a la proveedora ni tampoco agotó la etapa obligatoria de conciliación previa que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Los jueces señalaron que estas falencias formales afectaron el debido proceso en el reclamo administrativo.

Asimismo, el tribunal subrayó que la fiscal general carecía de facultades normativas para determinar por sí sola la lesividad de un contrato estatal. Con base en la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Ley del Organismo Ejecutivo, dicha atribución pertenece de forma exclusiva al presidente de la República actuando en Consejo de Ministros. Por tal motivo, el Acuerdo 32-2020 emitido en septiembre de 2020 carecía de la potestad jurídica requerida para sustentar la demanda.

Análisis técnico y ausencia de perjuicio patrimonial

En cuanto a la sustancia económica del litigio, los jueces descartaron que la transacción hubiera generado una lesión patrimonial para las arcas públicas. La sentencia precisó que el precio convenido se respaldó en un dictamen técnico de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. Aunque la parte demandante presentó una tasación privada posterior con una cifra menor, el juzgado aclaró que las divergencias en valoraciones técnicas no bastan para sostener un caso de sobrevaloración ilícita.

El órgano judicial también analizó los argumentos referidos a la carencia de agua municipal y las supuestas deficiencias operativas señaladas por la fiscalía. Los juzgadores concluyeron que tales factores no configuran un daño jurídico contra la hacienda pública ni justifican la anulación del contrato. De esa manera, el tribunal ratificó que la escritura de compraventa del predio en la zona 5 capitalina mantiene plena fuerza y vigencia legal.

El trasfondo político e institucional del caso

El proceso que involucró al Ministerio Público de Guatemala también evidenció un conflicto de competencias administrativas y tensiones institucionales acumuladas. Tras asumir el mando del ente fiscal, Consuelo Porras promovió imputaciones por presunto abuso de autoridad y fraude contra Thelma Aldana. La anterior fiscal, quien había trabajado en investigaciones de corrupción con una comisión internacional anticorrupción, denunció hostigamiento y permanece fuera del país.

Con esta determinación definitiva, el edificio de oficinas queda confirmado como patrimonio de la fiscalía general, que dispondrá del destino de sus instalaciones. La resolución desactiva el principal argumento legal que buscaba revertir la transacción inmobiliaria y pone fin a una disputa judicial que se prolongó por varios años en los tribunales guatemaltecos.

Datos clave

  • Contrato vigente: La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo ratificó la validez de la compra del Edificio Gerencial Asunción por 35,1 millones de quetzales.
  • Fallas de procedimiento: La justicia determinó que la fiscalía no agotó la etapa de conciliación ni otorgó el derecho de audiencia a la empresa vendedora Bertram S. A.
  • Falta de competencia: El tribunal estableció que la declaración de lesividad era facultad exclusiva del presidente de la República en Consejo de Ministros y no de la fiscal general.
  • Sin daño patrimonial: Los magistrados concluyeron que el Estado no sufrió perjuicio económico y que las variaciones de avalúos no demuestran sobrecostos ilegales.

Fuente: infobae.com

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