El Ministerio Público de Guatemala confirmó la destitución de la fiscal Leonor Morales Lazo y de otros seis funcionarios de la institución. La resolución fue tomada por el fiscal general Gabriel García Luna este martes 22 de septiembre en el marco de un plan institucional de reestructuración interna. La decisión aparta a una de las figuras más cuestionadas de la administración anterior, encabezada por Consuelo Porras.
Morales Lazo se desempeñaba al frente de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas desde 2025, tras haber integrado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La medida administrativa también alcanzó al auxiliar fiscal José Raúl Menéndez Rivera, junto con Nehemías Obed Asencio Cruz, Ervin Joel Bolvito Enríquez, José María Galindo Rossel, Jorge Luis Cortes Rosales y Serwin Aram Camey Secaida.
Reorganización interna en el Ministerio Público de Guatemala
Desde que asumió la jefatura de la fiscalía general el 17 de mayo de 2026, García Luna inició una serie de modificaciones organizativas que abarcaron ceses, dimisiones y traslados estratégicos. La institución justificó oficialmente estas salidas argumentando que responden a distintas razones operativas vinculadas directamente con un proceso integral de transformación.
En meses anteriores, la administración procuró ejecutar órdenes de aprehensión contra el exjefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el exfiscal Saúl Sánchez. Sin embargo, un juzgado competente resolvió rechazar dichas peticiones judiciales. En el caso específico de Morales Lazo, existía un expediente disciplinario abierto debido a la designación reiterada de Menéndez Rivera como fiscal encargado durante sus ausencias, una atribución reservada exclusivamente a la máxima autoridad del Ministerio Público de Guatemala. Aquella anomalía había sido expuesta por el exfiscal Juan Francisco Sandoval desde el exilio.
Las causas y actuaciones que marcaron a la exfiscal
Durante su período de suplencia, Menéndez Rivera desestimó denuncias interpuestas contra Porras por presuntas adopciones ilegales acontecidas en 1980, expediente investigado por el medio El Faro que involucró a menores de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pese a que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas reclamó pesquisas independientes y la Procuraduría General de la Nación tomó acciones, el caso quedó desestimado en esa sede fiscal.
Por su parte, Morales Lazo protagonizó intervenciones de alto impacto institucional durante los comicios generales de 2023. El 19 de septiembre de ese año encabezó un allanamiento de más de 20 horas en la sede del Tribunal Supremo Electoral, operativo donde se abrieron urnas y se incautaron actas electorales bajo resguardo de los magistrados. Estas diligencias buscaron anular la personería jurídica del Movimiento Semilla e intentaron trabar la investidura de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Asimismo, Morales Lazo impulsó actuaciones contra jueces y fiscales que investigaron tramas de corrupción del caso Odebrecht ligadas a los excandidatos Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón. También dirigió causas contra el periodista José Rubén Zamora y comunicadores del medio elPeriódico. En febrero y abril de 2026 intervino en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios, llegando a requerir la captura de Astrid Lemus antes de jurar en la Corte de Constitucionalidad, petición desestimada por la judicatura.
Sanciones internacionales y alcance regional
Las acciones desplegadas por Morales Lazo provocaron severas sanciones por parte de la comunidad internacional. En febrero de 2024, la Unión Europea la sumó a su lista de personas sancionadas junto a otros operadores judiciales guatemaltecos, disponiendo el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones financieras bajo el cargo de atentar contra el Estado de derecho y obstaculizar la transición institucional de poderes.
De igual manera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a la funcionaria tras acusarla de utilizar la estructura judicial con motivaciones políticas. Para observadores en América Latina y Paraguay, estos cambios en el Ministerio Público de Guatemala evidencian los complejos procesos de depuración judicial y el peso de las sanciones internacionales cuando las instituciones del sistema republicano buscan recuperar la credibilidad institucional.
Datos clave
- Decisión institucional: El fiscal general Gabriel García Luna destituyó a Leonor Morales Lazo y a seis fiscales más de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas.
- Antecedente disciplinario: La fiscal acumulaba un proceso interno por delegar ilegalmente la conducción de su unidad a su auxiliar José Raúl Menéndez Rivera.
- Operativos electorales: Morales Lazo encabezó el secuestro de actas en el Tribunal Supremo Electoral tras los comicios presidenciales de 2023.
- Sanciones globales: La Unión Europea y Estados Unidos impusieron restricciones financieras y vetos a la exfiscal por menoscabar la institucionalidad democrática.
