Los mercados de barrio en Cuba comenzaron a operar en distintas provincias bajo el cuestionamiento directo de los consumidores, quienes denuncian que los precios fijados están muy lejos de representar un alivio para la economía doméstica. La iniciativa forma parte de las transformaciones impulsadas por el Gobierno cubano en 2026 para reemplazar gradualmente la libreta de abastecimiento normada, pero la realidad de las pizarras de venta demuestra valores inaccesibles para la inmensa mayoría de la población trabajadora y jubilada.
Reclamos ciudadanos ante el costo de la canasta familiar
El descontento popular cobró fuerza inmediata tras la apertura de varios establecimientos en La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos. En el Mercado de Barrio Doña Luisa, ubicado en el municipio Cerro de la capital cubana, el litro de aceite vegetal ronda los 2.700 pesos, el kilogramo de arroz brasileño cuesta 840 pesos y el cartón de huevos sitúa cada unidad en 135 pesos. Asimismo, la leche en polvo alcanza los 4.500 pesos por bolsa, lo que sobrepasa con creces una jubilación básica mensual de 3.000 pesos.
En el consejo popular Frank País del municipio Contramaestre, en Santiago de Cuba, el recién estrenado establecimiento La Predilecta exhibe números semejantes. Los compradores locales denunciaron que el arroz cuesta 370 pesos por libra, el azúcar 500 pesos y el pollo 750 pesos la libra. Estas cifras obligaron a los residentes a comparar la oferta estatal con la de los revendedores informales y las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes).
Según la cuarta encuesta elaborada por la plataforma Cubadata, un 68,2% de los participantes reportó haber reducido o suprimido comidas durante el último mes. Además, casi un 20% de las personas consultadas manifestó sufrir privaciones alimentarias extremas a diario, lo que evidencia el impacto severo de la crisis nutricional en la isla.
Estructura oficial del plan y gestión mixta
El plan estatal se sustenta en la denominada medida 157, aprobada en junio de 2026 dentro de un paquete de 176 disposiciones macroeconómicas. El Ministerio de Comercio Interior, a través de su Dirección General de Ventas de Mercancías a cargo de Marpessa Portal de Villiers, proyectó descuentos de entre el 10% y el 30% en alimentos esenciales e higiene en comparación con el mercado privado minorista.
Bajo este esquema, los locales permanecen bajo propiedad estatal pero son arrendados a operadores comerciales no estatales. Los incentivos gubernamentales incluyen una rebaja impositiva en ventas del 10% al 5%, exenciones fiscales en compras mayoristas y gracia de arrendamiento comercial durante dos o tres ejercicios fiscales. A pesar de estas concesiones administrativas, los productos finales se trasladan al público con escasa variación frente al circuito informal.
La reforma contempla el desmonte paulatino de los subsidios universales de la histórica libreta de racionamiento, focalizando la entrega directa únicamente en jubilados y personas en condición de extrema vulnerabilidad. Por ese motivo, el funcionamiento regular de los mercados de barrio en Cuba resulta determinante para el consumo de los hogares urbanos.
Dudas sobre el abastecimiento continuo y la viabilidad económica
Analistas independientes sostienen que la estrategia tropieza con barreras estructurales vinculadas a la cadena logística y la constante inflación de la moneda local. El economista Elías Amor Bravo advirtió que lanzar locales sin garantizar redes estables de suministro mayorista imposibilita sostener valores accesibles a mediano plazo. En la actualidad, el único mercado mayorista estatal funciona en Sancti Spíritus y exige compras obligatorias con piso de 200 dólares.
Por su parte, el historiador Dimas Castellanos remarcó que las continuas interrupciones en el suministro eléctrico y el déficit productivo conspiran contra la viabilidad de estos establecimientos. Los cortes de luz afectan directamente la cadena de frío requerida para comercializar carnes o lácteos, generando desabastecimiento en las góndolas y obligando a los gestores a reponer mercancía a cotizaciones más altas.
Para los consumidores urbanos, el nuevo modelo corre el riesgo de repetir las ineficiencias de programas de distribución previos sin garantizar estabilidad en la provisión básica.
Datos clave
- Precios que superan los ingresos: Una bolsa de leche en polvo de un kilogramo cuesta 4.500 pesos cubanos, mientras que la pensión base de un jubilado promedia los 3.000 pesos.
- Medida gubernamental: La disposición oficial número 157 busca sustituir la canasta familiar normada por ventas controladas no subsidiadas en locales estatales administrados por privados.
- Incentivos impositivos: Los gestores de estos locales reciben una reducción del impuesto sobre ventas del 10% al 5% y hasta tres años de gracia en el pago del alquiler.
- Crisis de consumo extendida: De acuerdo con Cubadata, el 68,2% de los ciudadanos redujo sus comidas habituales en los últimos treinta días debido a la falta de poder adquisitivo.
