El proceso judicial por la masacre de los jesuitas en El Salvador sufrió una nueva postergación tras la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador de fijar la vista pública para el 5 de abril de 2027. La determinación judicial respondió a pedidos médicos vinculados con el estado de salud de dos procesados y a la superposición de audiencias de defensores técnicos, según detallaron fuentes judiciales y medios salvadoreños. La causa investiga la ejecución de seis religiosos y dos mujeres cometida en 1989 durante la guerra civil centroamericana.
Motivos del aplazamiento y planteamientos procesales
La decisión del tribunal se tomó luego de que los generales retirados Rafael Humberto Larios López y Juan Rafael Bustillo Toledo no se presentaran a la audiencia preparatoria. Sus abogados defensores presentaron certificados y escritos médicos para justificar las ausencias en la diligencia. Ante esta situación, las juezas a cargo determinaron remitir los antecedentes al Instituto de Medicina Legal, entidad forense encargada de corroborar si el cuadro clínico ameritaba la falta a los estrados judiciales.
En caso de que el organismo forense determine que las dolencias no estaban debidamente acreditadas, ambos exmilitares podrían ser formalmente declarados en rebeldía. El abogado Eduardo Cardoza, quien representa a Larios López, manifestó que el tribunal debió coordinar los reclamos de las defensas técnicas con la saturada agenda del juzgado para establecer la fecha de abril de 2027.
Por otro lado, la defensa técnica del coronel Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía, ejercida por Francisco Garay Pineda, recordó que el expediente se tramita conforme al Código Procesal Penal de 1998. Bajo ese marco normativo, rige estrictamente el principio de inmediación, exigiendo la comparecencia física obligatoria de los imputados en la sala para no vulnerar el derecho a la defensa.
El tribunal también desestimó la solicitud de Carlos Miranda, representante del exdiputado Rodolfo Parker, quien pretendía dividir el juicio debido a compromisos profesionales en otro proceso que culmina a fines de octubre. La Fiscalía General de la República se opuso categóricamente a la separación del debate, sosteniendo que la masacre de los jesuitas requiere una valoración histórica, testimonial y pericial en un acto único e indivisible.
Notificaciones pendientes y acusaciones del proceso
Esta resolución constituye la tercera ocasión en que se difiere el inicio del plenario. Originalmente, el juicio estaba pautado para el 20 de julio de 2026, pasando luego al 14 de octubre debido a demoras en los trámites de asistencia judicial internacional con España relativos a la notificación del coronel Inocente Orlando Montano Morales.
Montano purga una condena en territorio español por su vinculación probada con los homicidios. Para concretar su llamamiento a juicio en Centroamérica, intervinieron delegaciones diplomáticas y órganos de cooperación transnacional, lo que demandó gestiones adicionales que dilataron el cronograma inicial.
El expediente acumula a 11 personas imputadas, entre las que figura el expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard, exlegisladores y miembros del alto mando de la Fuerza Armada. El Ministerio Público atribuye cargos que incluyen presuntos delitos de terrorismo contra los mandos castrenses involucrados en la planificación y encubrimiento de las muertes.
Antecedentes del crimen en el campus universitario
El hecho sangriento ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en un contexto de intensa confrontación armada nacional. Militares pertenecientes al batallón Atlacatl irrumpieron en el predio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a tiros a seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López. En el mismo ataque perdieron la vida la trabajadora universitaria Elba Ramos y su hija Celina Ramos.
Las indagaciones iniciales documentadas en el Informe de la Comisión de la Verdad acreditaron la autoría militar directa y evidenciaron maniobras de manipulación de la escena para incriminar a la guerrilla. A pesar de los años transcurridos, únicamente el coronel Guillermo Benavides permanece en reclusión en El Salvador tras ser sentenciado en 1991 a 30 años de prisión, beneficio de indulto que le fue negado en reiteradas ocasiones.
El expediente se reactivó formalmente luego de que, en enero de 2022, la Sala de lo Constitucional anulara una resolución previa de la Sala de lo Penal que pretendía clausurar la causa. Con la nueva prórroga judicial, la memoria y el reclamo de justicia por la masacre de los jesuitas deberán esperar una vez más para entrar al juicio definitivo.
Datos clave
- Tercera reprogramación: El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador pospuso la vista pública de la masacre de los jesuitas para el 5 de abril de 2027.
- Evaluación médica forense: El Instituto de Medicina Legal analizará si las ausencias de los generales Rafael Larios López y Juan Rafael Bustillo Toledo están médicamente justificadas para evitar la rebeldía.
- Once procesados: La nómina de acusados reúne a exmilitares, al exdiputado Rodolfo Parker y al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani Burkard bajo cargos que incluyen terrorismo.
- Vía procesal única: La Justicia rechazó separar el expediente, obligando a juzgar en un solo debate el asesinato de los seis sacerdotes y dos colaboradoras ocurrido en la UCA en 1989.
