Los limitadores de velocidad quedaron suspendidos de forma provisional en el transporte guatemalteco luego de una reciente determinación emitida por la Corte de Constitucionalidad. La medida cautelar frenó la exigencia administrativa tras una impugnación promovida por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte Extraurbano de Pasajeros. Con este dictamen, los inspectores estatales no podrán aplicar multas ni retener rodados de carga o colectivos mientras se tramite el expediente.
La controversia legal gira en torno a la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, sancionada en el Decreto 45-2016 y retocada por el Decreto 11-2017. El esquema normativo imponía a los dueños de flotas colocar mecanismos técnicos para impedir marchas superiores a los 80 kilómetros por hora. Quienes prestan servicios extraurbanos y fletes debían financiar los aparatos y exhibir certificados avalados por talleres autorizados.
Freno judicial a las sanciones del transporte
El pronunciamiento judicial dejó sin vigencia transitoria los incisos que facultaban a la Dirección General de Transportes a castigar a los infractores. Con anterioridad al fallo, los fiscalizadores contaban con potestad para paralizar las unidades sin mecanismo durante medio año. Del mismo modo, el marco legal habilitaba penalidades económicas que oscilaban entre cinco y diez salarios mínimos.
Frente al mandato constitucional, las autoridades viales anunciaron que suspenderán las multas, aunque preparan recursos para revertir la medida. Desde la dependencia ministerial recalcaron que los siniestros viales continúan cobrando vidas en rutas nacionales. No obstante, las autoridades ratificaron su compromiso de respetar las disposiciones emitidas por el órgano de control legal.
El debate sobre los limitadores de velocidad
El despliegue de los limitadores de velocidad mostraba un avance sostenido en el parque automotor comercial antes del pronunciamiento judicial. Las estadísticas oficiales daban cuenta de casi 36 mil rodados adecuados, con predominio de camiones pesados sobre colectivos de pasajeros. Además, más de dos centenares de firmas técnicas contaban con habilitación en 16 departamentos territoriales para homologar los instrumentos mecánicos.
Durante los operativos previos a la resolución, los agentes viales labraron más de doscientas actas de infracción en controles carreteros. Los gremios del transporte argumentaron que los costos de implementación y mantenimiento impactan de lleno en su estructura operativa. La discusión sobre estos limitadores de velocidad evidencia las tensiones habituales entre las exigencias de seguridad vial y las presiones financieras del sector privado.
Las posturas divididas en el máximo tribunal
La resolución no contó con el respaldo pleno de los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad. La titular del tribunal, Annabella Morfín, votó en disidencia junto con otros dos jueces al remarcar que los aparatos previenen tragedias y salvaguardan la vida humana. Para este sector minoritario, no existía una vulneración constitucional evidente que ameritara paralizar la vigencia de la norma.
En la vereda opuesta, los votos favorables a la suspensión señalaron la necesidad de estudiar los efectos económicos de la normativa. Los magistrados que avalaron la queja advirtieron que los costos empresariales podrían incidir indirectamente en las tarifas de los usuarios. El Congreso de la República y el Ministerio Público disponen ahora de una audiencia de quince días para elevar sus argumentos de fondo.
Datos clave
- Suspensión judicial temporal: La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto provisional la exigencia de circular con topes mecánicos de aceleración.
- Sanciones anuladas: Quedan paralizadas las suspensiones de servicio por seis meses y las multas de hasta diez salarios mínimos para transportistas.
- Impacto previo: Unos 35.871 vehículos de carga y pasajeros ya habían incorporado el dispositivo antes de publicarse el fallo.
- Etapa de debate: El Parlamento y la Fiscalía cuentan con 15 días hábiles para emitir dictámenes antes de la sentencia definitiva.
