La libertad de prensa en Cuba enfrenta un nuevo episodio de hostigamiento luego de que se denunciaran amenazas de cárcel y despidos contra nueve colaboradores del boletín comunitario Páginas Villareñas en la ciudad de Santa Clara. El director del medio independiente, Alberto Hernández González, expuso los casos documentados entre abril y octubre de 2026. Según los testimonios presentados, las reiteradas presiones provocaron que varios ciudadanos abandonaran su trabajo comunicacional o desistieran de comenzar a publicar notas locales.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, recopiló los relatos y verificó en archivos internos que cinco de los afectados habían firmado artículos entre febrero y junio de este año. La entidad no pudo verificar de forma independiente las coacciones, debido a que ocurrieron sin testigos directos y fueron informadas por las víctimas a la dirección del medio.
Hostigamiento a la libertad de prensa en Cuba
Las denuncias recogidas describen un patrón sistemático de intimidaciones ejecutadas en domicilios particulares y centros de trabajo estatales. La comunicadora comunitaria Raiza Ruiz Goire afirmó haber sido interceptada por un sujeto vestido de civil que se desplazaba en motocicleta cerca de su vivienda en el reparto Bengochea. El hombre le advirtió que resultaría sencillo encarcelarla y despojar a su esposo del empleo si continuaba colaborando con el boletín informativo.
Una situación similar fue manifestada por el camillero Bernardo García Morales, quien declaró que un oficial presentado como Ariel lo visitó en el policlínico Nazareno donde cumple funciones. El agente le indicó que enfrentaría procesos penales y la rescisión de su contrato si mantenía contacto con la publicación. El trabajador de la salud había difundido previamente una nota sobre la clausura de una consulta médica destinada a fumadores.
El profesor de natación Raúl Vega Torres relató que fue abordado en la Escuela de Iniciación Deportiva provincial por un uniformado con la misma denominación de teniente. Según su testimonio, el funcionario hizo mención explícita a sus hijos menores y le exigió elegir entre su profesión o terminar recluido en un centro penitenciario.
Coacciones dirigidas al entorno familiar
Los reportes detallan que las intimidaciones también incluyeron presiones hacia familiares cercanos de los redactores comunitarios. Víctor Sánchez Jiménez sostuvo que un agente acudió a su hogar en el barrio Los Paragüitas y advirtió a su esposa que el redactor podía ser procesado por supuesta usurpación de funciones públicas. El colaborador había publicado un texto sobre la suspensión de un servicio de transporte local.
El matrimonio integrado por Saúl Peñate Pérez y Gisela Puentes Goire, dedicado a la verificación de datos para el impreso, recibió la visita conjunta de un oficial de la Seguridad del Estado y un jefe de sector policial. Ambos señalaron que los agentes mencionaron que el futuro universitario de su hijo podía verse afectado si persistían en sus tareas informativas para la publicación independiente.
La organización mantuvo en reserva los nombres de otros dos trabajadores de empresas estatales que desistieron de colaborar tras recibir advertencias de despido y prisión. En varios de los incidentes se repitió el seudónimo de teniente Ariel, coincidente con un agente señalado en detenciones previas de distribuidores del boletín.
Vulneraciones a las garantías constitucionales
Los analistas consideran que este panorama debilita gravemente la situación de la libertad de prensa en Cuba y busca aislar a los medios comunitarios de sus fuentes ciudadanas. La organización remarcó que las visitas coercitivas contravienen los artículos 54 y 55 de la Constitución cubana, que reconocen formalmente la libertad de pensamiento, expresión e imprenta.
La labor de medios como Páginas Villareñas se centra en visibilizar problemáticas vecinales cotidianas, como la recolección de basura, la contaminación fluvial y la falta de insumos médicos. Sin embargo, la persistencia de las advertencias judiciales ha mermado la red de redactores ciudadanos en la provincia de Villa Clara.
Datos clave
- Nueve colaboradores de un medio comunitario en Santa Clara sufrieron advertencias de cárcel y despido laboral.
- Agentes de seguridad presuntamente utilizaron acusaciones de usurpación de funciones públicas para intimidar a los redactores.
- Cinco redactores contaban con artículos publicados en el boletín vecinal durante el primer semestre del año.
- Derechos constitucionales sobre libertad de expresión e información resultaron vulnerados según la denuncia de las organizaciones.
