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Presentan proyecto de ley de puertas giratorias para frenar conflictos de interés en el Estado

Redaccion BM Online•16 de noviembre de 2026 a las 08:01 p. m.•Asunción

Dos hombres cruzan una puerta giratoria que conecta oficinas institucionales con una entidad bancaria.

Un nuevo proyecto para instaurar una estricta ley de puertas giratorias fue ingresado a la Cámara de Senadores por el legislador Ever Villalba, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico. La propuesta legislativa busca frenar de forma determinante el aprovechamiento de datos confidenciales y contactos institucionales por parte de exautoridades estatales que pasan a desempeñarse en firmas privadas, en el marco de la crisis desatada en torno al caso de Ueno Bank y la situación judicial de Santiago Peña.

El documento establece parámetros claros orientados a regular el paso de funcionarios de alto rango hacia corporaciones mercantiles. De acuerdo con la argumentación presentada por el proyectista, el desplazamiento laboral en sí mismo no es un delito, sino que el perjuicio radica en las ventajas indebidas que se obtienen cuando exjerarcas con poder de regulación fiscal o financiera asumen cargos en entidades que antes debían auditar.

Alcances que propone la ley de puertas giratorias

El texto normativo contempla la creación de periodos de enfriamiento diferenciados para evitar que los exfuncionarios ejerzan tareas directivas, de representación o de cabildeo en sectores afines a su anterior labor. La propuesta fija una prohibición de veinticuatro meses para el presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. A su vez, impone dieciocho meses de pausa para directores generales, superintendentes y directivos del Banco Central del Paraguay, dejando doce meses para los demás rangos con facultad decisoria.

Asimismo, el articulado dispone la confección de un registro público obligatorio y la presentación de declaraciones detalladas de intereses. En este sentido, la ley de puertas giratorias busca que las restricciones no queden supeditadas a decisiones de carácter administrativo, sino que posean fuerza legal y un régimen sancionatorio que incluya multas e inhabilitaciones contractuales para las compañías que actúen como intermediarias de estos beneficios.

Un debate legislativo que suma varias iniciativas

Esta presentación se acopla a otros proyectos que ya se encuentran en el Parlamento para revertir las modificaciones aprobadas a principios de 2024. En aquel periodo, se suprimieron salvaguardas sustanciales de la normativa contra conflictos de intereses, entre ellas las exigencias de reporte sobre parientes cercanos y las limitaciones inmediatas para asumir cargos privados.

Frente al deterioro del escenario financiero, legisladores de la multibancada opositora y la propia Contraloría General de la República impulsaron también propuestas para derogar los cambios previos. Para los proyectistas parlamentarios, la falta de controles efectivos permitió que antiguos vínculos corporativos accedieran a recursos y resoluciones clave del aparato estatal, lo que derivó en graves perjuicios patrimoniales para miles de ciudadanos ahorristas.

Responsabilidad corporativa y controles institucionales

El diseño de este nuevo marco sanciona no solo a los individuos, sino también a las estructuras societarias y sus beneficiarios finales. Con este esquema, se pretende impedir que el tráfico de influencias se canalice mediante corporaciones interpuestas o acuerdos comerciales paralelos con organismos públicos.

De aprobarse en las dos cámaras del Congreso Nacional, la vigencia de una ley de puertas giratorias dotará de herramientas jurídicas tanto a la Contraloría como a la ciudadanía para monitorear el desempeño de quienes administran recursos fiscales. La iniciativa legislativa deberá ahora ser girada a las comisiones asesoras de la Cámara Alta para su posterior dictamen y tratamiento en el plenario.

Datos clave

  • Iniciativa parlamentaria: el senador Ever Villalba planteó un régimen estricto para impedir el uso de información privilegiada tras el cese de funciones en el Estado.
  • Plazos de enfriamiento: las máximas autoridades tendrán prohibido trabajar en rubros afines por 24 meses, los mandos medios por 18 y el resto por 12 meses.
  • Sanciones a empresas: las personas jurídicas y beneficiarios finales que faciliten estos vínculos indebidos recibirán multas e inhabilitaciones públicas.
  • Contexto institucional: la propuesta se suma a las iniciativas opositoras y del órgano contralor para reponer las salvaguardas que habían sido debilitadas.

Fuente: abc.com.py

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