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Sectores empresariales rechazan aprobar de urgencia la Ley de Contrataciones en Guatemala

Redacción BM Online•22 de noviembre de 2026 a las 01:15 p. m.•Ciudad de Guatemala

Hombres vestidos formalmente sentados en una mesa de reuniones con micrófonos y documentos en una comisión legislativa.

El debate en torno a la reforma de la Ley de Contrataciones Guatemala sumó un enérgico rechazo de gremios empresariales y centros de investigación social. Las organizaciones advirtieron que la iniciativa 6688 no debe aprobarse bajo la figura de urgencia nacional en el Congreso de la República. El sector privado sostiene que un trámite acelerado pone en riesgo la transparencia, la certeza jurídica y el manejo de los fondos estatales.

La Comisión de Economía y Comercio Exterior del parlamento guatemalteco mantiene sesiones permanentes para dictaminar el proyecto. La propuesta busca regular la planificación, adjudicación y pago de obras públicas esenciales, como carreteras, hospitales y escuelas. Sin embargo, cámaras del rubro de la construcción señalaron que una aprobación sin análisis exhaustivo afectará directamente el empleo y la competitividad de las pequeñas empresas proveedoras.

Cuestionamientos a la Ley de Contrataciones Guatemala

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras identificó varios puntos críticos en el texto legislativo. La principal preocupación radica en que el Ministerio de Finanzas Públicas podría elevar discrecionalmente los montos para compras sin licitación previa, sin fijar límites claros en el articulado.

Asimismo, las entidades empresariales alertaron que las distintas carteras estatales tendrían facultades para declarar emergencias y elegir contratistas de forma directa. La normativa también facilitaría la contratación de personal técnico sin evaluaciones comparativas ni comprobación de méritos. Otro factor cuestionado es la posibilidad de ampliar contratos hasta un 40% adicional sobre el monto pactado originalmente, sin requerir una nueva licitación ni dictámenes técnicos independientes.

Un pronunciamiento conjunto suscrito por gremios y fundaciones especializadas remarcó que circularon al menos tres versiones distintas del borrador en pocos días. Esta situación impidió que los legisladores profundizaran en las consecuencias fiscales del proyecto. Las organizaciones recordaron que la norma contempla entrar en vigor recién dentro de 18 meses, durante el próximo mandato gubernamental, por lo cual no existe justificativo técnico para forzar su sanción inmediata.

Propuesta de diálogo y revisión técnica

Frente al avance del trámite parlamentario, la Red de Centros de Pensamiento solicitó la conformación de una mesa de trabajo abierta a la sociedad civil. El grupo propuso un período de dos meses para examinar cada artículo con especialistas en finanzas públicas y compras estatales.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Ayala, defendió la labor del equipo legislativo e informó que los asesores sistematizan las enmiendas enviadas por las distintas bancadas. Ayala adelantó que presentarán un cuadro comparativo detallado para transparentar las modificaciones admitidas antes de emitir el dictamen final.

Durante las deliberaciones, varios diputados expusieron reparos sobre artículos específicos. Entre ellos se mencionó el artículo 67, que exime de revisiones técnicas y presupuestarias a compras simplificadas de hasta 300.000 quetzales. También surgieron cuestionamientos al artículo 149 por la falta de controles en la ampliación de obras, mientras que otros legisladores recordaron que reformas pasadas mal diseñadas paralizaron la ejecución presupuestaria durante años.

Impacto institucional y estándares regionales

Los sistemas de compras públicas en América Latina representan uno de los pilares más sensibles para la eficiencia del gasto y la prevención de irregularidades. Cuando los marcos normativos debilitan los procesos de licitación pública, aumenta la vulnerabilidad ante sobrecostos y discrecionalidad en las contrataciones de infraestructura.

El seguimiento del proyecto de Ley de Contrataciones Guatemala continuará en audiencias legislativas con la entrega de nuevos informes técnicos. Distintos sectores cívicos e industriales insisten en que modernizar el Estado requiere consensos amplios, mecanismos de control digital y reglas que garanticen una competencia equitativa para todos los proveedores.

Datos clave

  • Iniciativa cuestionada: Las cámaras empresariales y centros de pensamiento rechazan que la iniciativa 6688 se apruebe por urgencia nacional en el parlamento guatemalteco.
  • Puntos críticos: La propuesta permitiría compras directas sin tope definido, contrataciones en emergencia sin competencia y ampliaciones de obras de hasta 40% sin licitación.
  • Plazo propuesto: Centros de investigación solicitaron una mesa técnica de dos meses para analizar el articulado antes de su votación.

Fuente: infobae.com

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