La entrada en vigencia de la nueva ley de buhoneria Panama deja sin cobertura legal a cientos de trabajadores extranjeros que ejercen la venta ambulante en las calles del país centroamericano. La normativa restringe de forma explícita esta labor económica a los ciudadanos locales por nacimiento o por naturalización. Esta medida genera incertidumbre entre los migrantes centroamericanos y venezolanos que dependen de la economía informal para subsistir.
La norma define la buhonería como toda actividad de comercio al por menor efectuada de manera informal en vías públicas, aceras, avenidas y servidumbres. Quienes no posean la nacionalidad requerida y continúen comerciando en la vía pública enfrentarán sanciones que incluyen el decomiso de mercaderías y multas económicas aplicadas por las autoridades locales.
Alcances de la ley de buhoneria Panama y las nuevas sanciones
El texto crea el Registro Nacional de Buhoneros e instituye el permiso de acreditación de buhonero autorizado. Con este instrumento, el Estado panameño busca empadronar a los vendedores y regular el uso de los espacios urbanos. El marco legal también proyecta la incorporación paulatina de los trabajadores informales a la economía formal mediante capacitaciones y acceso a microcréditos.
Aunque la restricción constitucional para el comercio al por menor ya existía en el artículo 293 de la Carta Magna, la ley de buhoneria Panama refuerza los controles territoriales. Las facultades de supervisión recaen directamente sobre las municipalidades, cuyos alcaldes quedan habilitados para ejecutar operativos de ordenamiento y retirar puestos instalados sin autorización oficial.
El comercio ambulante representa un canal tradicional de autoempleo para familias de escasos recursos en las principales ciudades. La venta ambulante abarca desde la comercialización de alimentos preparados e insumos de uso cotidiano hasta la prestación de servicios menores. Por ello, la exclusión del sector extranjero genera preocupación en diversos gremios de residentes extranjeros.
Proceso de desalojo y reubicación de los puestos de venta
La legislación fija un procedimiento formal antes de concretar las remociones de puestos ambulantes. Cada municipio debe elaborar una propuesta de formalización y reubicación para las personas afectadas. Las autoridades disponen de un plazo mínimo de seis meses para desarrollar este proceso de reordenamiento antes de aplicar medidas cautelares definitivas.
El objetivo de las alcaldías es despejar las servidumbres públicas y garantizar la libre circulación peatonal en las zonas con alta congestión vehicular. No obstante, la aplicación estricta de la norma abre un dilema social sobre la situación de los trabajadores independientes que carecen de estatus legal o permisos laborales en el territorio panameño.
En sectores emblemáticos como la Bajada de Salsipuedes, la actividad cuenta con antecedentes de regulación municipal. Sin embargo, la expansión acelerada de los puestos informales en otras avenidas de la capital llevó al gobierno local a intensificar las fiscalizaciones y alinear los permisos con la nueva normativa nacional.
Pedidos de transición ante el impacto migratorio
Representantes de las comunidades de inmigrantes expresaron su postura ante los medios locales. Rafael Rodríguez, vocero de la Asociación de Residentes y Naturalizados de la República de Panamá, valoró la intención estatal de ordenar el espacio público, pero solicitó una tregua humanitaria para los comerciantes perjudicados.
El dirigente pidió a los alcaldes un periodo de transición que se extienda al menos hasta enero. El propósito de este lapso es permitir que los trabajadores extranjeros continúen generando ingresos mientras buscan alternativas de empleo en otros sectores económicos de la sociedad panameña.
Rodríguez recordó además la inestabilidad sociopolítica que atraviesan países como Venezuela, Colombia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana. Ante un eventual incremento en los flujos migratorios regionales, instó a las autoridades a ponderar factores sociales al momento de aplicar desalojos y decomisos.
Datos clave
- La nueva legislación reserva la venta al por menor en calles y aceras exclusivamente para ciudadanos panameños.
- Los extranjeros que ejerzan la actividad sin permiso se exponen a multas financieras y decomiso de mercadería.
- La ley establece el Registro Nacional de Buhoneros y crea la figura de credencial autorizada para el sector.
- Las alcaldías deben presentar planes de reubicación con un plazo mínimo de seis meses antes de efectuar desalojos.
- Organizaciones de residentes solicitaron un periodo de transición hasta enero para proteger a las familias migrantes.
