El reclamo para implementar juzgados especializados en violencia cobró nueva fuerza ciudadana tras el dictamen favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia. Diversas organizaciones sociales convocadas en la sede legislativa solicitaron acelerar la normativa pertinente con el fin de evitar que las trabas burocráticas sigan costando vidas en el territorio paraguayo.
Saturación judicial y la urgencia de juzgados especializados en violencia
Actualmente, la mayor parte de las causas relacionadas con agresiones familiares ingresa a despachos multifueros que atienden litigios civiles, laborales y penales generales. Esta acumulación masiva de expedientes ordinarios suele demorar decisiones cruciales como las órdenes de alejamiento o la custodia cautelar.
Desde la organización Kuña Róga de Encarnación, Monica Zub advirtió sobre la gravedad que conllevan estas demoras procesales. La referente remarcó que las horas posteriores a un hecho resultan determinantes para salvaguardar a las afectadas y sostuvo que el sistema judicial no puede someter situaciones críticas a cronogramas convencionales.
La problemática se acentúa en las localidades del interior, donde la dispersión geográfica restringe el auxilio inmediato. La lejanía de las sedes de justicia obliga a muchas víctimas a recorrer largas distancias sin garantías de recibir protección oportuna ni seguimiento sostenido.
Capacitación técnica y el impacto en la representación política
Las expositoras insistieron en que atender este tipo de agresiones demanda una preparación jurídica específica y un entendimiento profundo del marco normativo vigente. En ese contexto, la apertura de juzgados especializados en violencia permitiría tramitar con rapidez los requerimientos fiscales y aplicar los tratados internacionales ratificados por el Estado.
Por su parte, la vocera del Grupo Impulsor Paridad Democrática, María Angélica Cano Radil, alertó que la falta de un mecanismo coordinado debilita la calidad institucional paraguaya. Cano Radil sostuvo que si los tres poderes estatales no logran articular medidas para castigar y reparar el daño hacia las mujeres, el país retrocederá en su convivencia democrática.
Asimismo, se debatió el impacto del acoso digital y el hostigamiento que sufren las lideresas comunitarias. Estas prácticas buscan silenciar la participación femenina en espacios de decisión y relegan las problemáticas prioritarias del debate público.
Una oportunidad legislativa para saldar una deuda histórica
La investigadora y activista Liliam Soto, representante del Centro de Documentación y Estudios (CDE), explicó que el escenario social abre un momento clave para saldar demandas postergadas por cuatro décadas. Soto recordó que propuestas previas fueron archivadas sin análisis técnico suficiente y que ahora existe la posibilidad concreta de sancionar la ley.
Para las plataformas civiles, la creación definitiva de los juzgados especializados en violencia representaría una medida de fondo indispensable. Además, exigieron articular un banco de datos unificado entre instituciones para impedir la revictimización de quienes denuncian y asegurar recursos presupuestarios permanentes para el Ministerio de la Mujer.
Datos clave
- Respaldo institucional: La Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen técnico favorable para crear fueros exclusivos contra la violencia de género.
- Colapso actual: Los juzgados multifueros tramitan múltiples materias simultáneas, lo que retrasa medidas urgentes de protección física.
- Barrera territorial: Las comunidades del interior sufren una marcada carencia de sedes judiciales cercanas para canalizar denuncias urgentes.
- Demanda histórica: Diversas organizaciones de derechos humanos promueven esta reforma integral desde hace más de cuatro décadas.
