La Junta Municipal de Asunción resolvió remitir antecedentes a la Fiscalía tras registrarse un violento incidente en sus instalaciones durante la última sesión del periodo legislativo. El hecho ocurrió cuando dirigentes gremiales increparon al concejal Álvaro Grau por su rechazo a un cuestionado acuerdo laboral pactado previamente con la administración comunal saliente.
Frente a este episodio, los concejales aprobaron de manera unánime la solicitud de informes financieros detallados sobre las retenciones efectuadas a los funcionarios municipales en los últimos dos años. La intención central del pleno legislativo apunta a esclarecer los circuitos de transferencias económicas que benefician directamente a las dirigencias gremiales de la capital.
Agresión en los pasillos de la Junta Municipal de Asunción
El altercado se desató cuando una comitiva integrada por menos de cincuenta manifestantes interceptó al edil Álvaro Grau mientras se dirigía a la sala de sesiones. La movilización estuvo encabezada por referentes sindicales comunales identificados como Alberto Gaona y Julio Fernández, quienes reclamaban el visto bueno al proyecto laboral.
Bajo el pretexto formal de exigir auditorías sobre supuestos funcionarios planilleros en el cuerpo legislativo, los manifestantes rodearon e increparon al legislador con agresiones verbales y ademanes intimidatorios. Ante la escalada de tensión, guardias internos y agentes de la Policía Nacional debieron intervenir para custodiar a la autoridad hasta el recinto.
Posteriormente, durante su alocución en el plenario, Grau calificó el suceso como una maniobra extorsiva. En su descargo, el legislador denunció que las cúpulas sindicales operan esquemas de usura con base en los salarios de los propios trabajadores comunales.
Esquema financiero de transferencias bajo la lupa fiscal
El concejal denunciante expuso ante el pleno que se transfieren cerca de 6.000 millones de guaraníes al mes a las cuentas de los sindicatos a través de deducciones en las planillas de sueldos. Por este motivo, el colegiado aprobó pedir informes acabados a la Intendencia sobre las retenciones de los últimos veinticuatro meses.
Una vez recopilada la información documental sobre estas transacciones, el expediente completo será entregado a la Fiscalía de Delitos Económicos para una investigación penal. Diversos ediles de diferentes bancadas acompañaron el reclamo e insistieron en frenar cualquier intermediación irregular que precarice las finanzas de las familias trabajadoras.
Durante el debate, concejales de diversas corrientes políticas instaron a los empleados a retornar a sus funciones normales y cesar medidas de confrontación. Asimismo, se planteó formalmente la apertura de un sumario administrativo interno orientado a delimitar responsabilidades e individualizar a quienes promovieron el desorden en la sede comunal.
Conflicto en la Junta Municipal de Asunción por el contrato colectivo
El detonante directo del malestar sindical fue la decisión que tomó la Junta Municipal de Asunción de rechazar y devolver a la Intendencia el proyecto de contrato colectivo de trabajo. Aquel pacto había sido rubricado con celeridad por el intendente saliente Luis Bello junto a gremios como Simuca, Sitrama y Sinoema.
Desde la oposición calificaron dicho convenio como una maniobra política orientada a captar lealtades de cara a las recientes elecciones comunales. La resolución legislativa determinó que cualquier negociación laboral futura quedará a cargo de la administración entrante liderada por Soledad Núñez y deberá convocar a todos los sindicatos debidamente acreditados.
Las estimaciones de Recursos Humanos advertían que el proyecto representaba un sobrecosto anual de 38.767 millones de guaraníes para el presupuesto comunal. El acuerdo contemplaba fuertes alzas en haberes jubilatorios de hasta veinte salarios mínimos, reconocimientos salariales por títulos académicos, incrementos en coberturas médicas y aumentos por antigüedad que comprometían seriamente el erario municipal.
Datos clave
- La Junta Municipal de Asunción aprobó por unanimidad remitir al Ministerio Público un informe sobre transferencias y descuentos que rondan 6.000 millones de guaraníes mensuales.
- El concejal Álvaro Grau fue escoltado por la Policía Nacional tras ser increpado e intimidado en los pasillos de la sede comunal por una comitiva sindical.
- El pacto laboral rechazado preveía un costo extra anual cercano a los 38.767 millones de guaraníes para las arcas de la Municipalidad de Asunción.
- Cualquier discusión sobre condiciones laborales futuras se canalizará recién bajo la gestión comunal de la intendenta electa Soledad Núñez.
