El juicio político a Peña suma un nuevo capítulo de fricción tras la solicitud formal del mandatario para extender los plazos de su descargo en el Congreso Nacional. La diputada y fiscal acusadora Rocío Vallejo señaló este jueves en Asunción que la petición de 72 horas adicionales apunta fundamentalmente a dilatar los tiempos del proceso y postergar una salida a la crisis.
La legisladora reconoció que el pedido formal presentado ante el parlamento constituye una prerrogativa legal contemplada en el derecho a la defensa. Sin embargo, subrayó que los elementos planteados en la acusación son de conocimiento público, por lo que la postergación responde más a una maniobra para enfriar el escenario institucional.
La postura acusadora en el juicio político a Peña
En declaraciones a la emisora 1080 AM, Vallejo explicó que la acusación formulada desde la Cámara de Diputados se basa en hechos notorios que no requieren trámites complejos para ser rebatidos. Desde su perspectiva técnica como exfiscal y actual parlamentaria, la intención del Poder Ejecutivo es postergar la definición final del juzgamiento.
La representante legislativa remarcó que la fijación de las fechas no depende del equipo de fiscales designados por los diputados. La potestad exclusiva para admitir prórrogas o mantener el calendario establecido recae sobre la Cámara de Senadores, órgano que actúa en calidad de tribunal de sentencia según las normas vigentes en el país.
Tensión social y reclamo de definiciones en el Senado
El desarrollo del procedimiento legislativo contempla etapas precisas de presentación de alegatos, valoración de descargos y la posterior votación sobre la continuidad o remoción del jefe de Estado. Para la diputada, el clima de crispación ciudadana exige una pronta resolución que disipe la incertidumbre institucional que afecta a toda la República.
Vallejo puntualizó además que el malestar por la dilación del juicio político a Peña trasciende las banderas partidarias. De acuerdo con sus expresiones, un sector importante de afiliados al propio oficialismo colorado demanda certidumbre rápida frente al escenario de conmoción que vive el Poder Ejecutivo.
Competencias del tribunal y pasos procesales
La Cámara Alta deberá definir en las próximas horas si concede las 72 horas suplementarias requeridas por los representantes del mandatario o si mantiene la convocatoria inicial. La decisión final que adopte el plenario de senadores marcará el ritmo del desenlace institucional, en momentos donde la presión social y las manifestaciones se intensifican.
El restablecimiento del orden constitucional depende de la celeridad con que se completen las audiencias orales. Mientras se aguarda la resolución de la mesa directiva del Senado, los legisladores acusadores ratificaron que el libreto probatorio se encuentra totalmente concluido para encarar la recta decisiva de este histórico juicio político a Peña.
Datos clave
- Postura acusadora: La diputada Rocío Vallejo calificó de intento para ganar tiempo la solicitud de 72 horas presentada por el presidente.
- Garantía constitucional: Pese a las críticas políticas, la legisladora reconoció que solicitar una prórroga es parte del legítimo derecho a la defensa.
- Facultad del Senado: La Cámara Alta tiene la potestad exclusiva de aceptar o rechazar la modificación del calendario del proceso.
- Presión ciudadana: Vallejo advirtió que la sociedad y sectores del propio coloradismo exigen una definición urgente de la crisis.
