Varios sectores de la oposición impulsan la recolección de firmas para presentar un juicio político a Peña y al vicepresidente Pedro Alliana ante la Cámara Baja. La iniciativa legislativa responde al impacto generado por la situación financiera de ueno bank y los supuestos nexos del Poder Ejecutivo con la entidad. Según informó el diputado Raúl Benítez, el planteamiento cuenta hasta ahora con el compromiso de cerca de 35 parlamentarios de distintas bancadas.
El borrador del libelo acusatorio busca articular a diputados liberales, representantes de bancadas del tercer espacio y legisladores de la disidencia colorada. De acuerdo con las declaraciones de Benítez, las causales acumuladas son públicas y notorias en el ámbito ciudadano. Los impulsores afirman que no se trata exclusivamente de un proyecto de los partidos opositores, sino de una respuesta política orientada a delimitar responsabilidades en la conducción del Estado.
Cuestionamientos vinculados a la crisis financiera
El documento parlamentario incorpora cuestionamientos sobre el relacionamiento comercial previo entre el mandatario y el grupo financiero involucrado en la crisis. Entre los antecedentes señalados por los legisladores resalta la anterior condición de accionista del presidente de la República en firmas afines, así como el proceso administrativo de su posterior desvinculación comercial.
Asimismo, los impulsores del proceso cuestionan el otorgamiento de un crédito para la edificación de una residencia familiar en San Bernardino. Según expusieron los legisladores, la operación se habría realizado sobre una propiedad inmobiliaria que presuntamente no figuraba a nombre del beneficiario. A estos elementos suman la captación y custodia de recursos previsionales pertenecientes al Instituto de Previsión Social en la mencionada entidad financiera.
Los argumentos para impulsar el juicio político a Peña
Dentro del esquema de causales formuladas para sustentar el juicio político a Peña, los proyectistas señalan diversas modificaciones en normativas prudenciales. Estas variaciones legales y reglamentarias habrían habilitado transferencias y colocaciones con fondos jubilatorios del seguro social estatal. Los representantes opositores consideran que estos movimientos requirieron decisiones políticas de alto nivel dentro de la administración pública.
Otro punto citado en la acusación es el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central del Paraguay tras haberse desempeñado como titular de Financiera ueno. La oposición sostiene que la designación técnica al frente de la banca matriz representaría un potencial conflicto de intereses en la supervisión de las instituciones financieras. Por estos factores, los legisladores atribuyen una presunta responsabilidad de gestión al Poder Ejecutivo.
La aritmética legislativa y los votos pendientes
El escenario numérico representa el principal obstáculo para que prospere de forma efectiva el juicio político a Peña en el Congreso Nacional. La Cámara de Diputados cuenta con un total de 80 bancas constitucionales, por lo que la aprobación del libelo acusatorio exige una mayoría calificada de dos tercios. Esto implica reunir al menos 53 votos afirmativos para remitir formalmente la acusación al Senado.
Con un respaldo inicial estimado en 35 legisladores, los proyectistas dependen de voluntades del oficialismo colorado para alcanzar la meta reglamentaria. Hasta la fecha, los sectores leales al Gobierno no han manifestado intenciones de respaldar la acción política en el plenario. Por ese motivo, las conversaciones continúan abiertas con diversas bancadas en busca de nuevos apoyos institucionales.
El procedimiento institucional y el rol del Congreso
La Constitución paraguaya establece un mecanismo de dos etapas para la destitución de los mandatarios por mal desempeño en sus funciones. La Cámara Baja actúa exclusivamente como órgano acusador al formular y votar el pliego de cargos. En caso de obtener la mayoría reglamentaria, el expediente se traslada a la Cámara de Senadores, que se constituye en tribunal de juzgamiento.
En la instancia del Senado, los acusados tienen garantizado el derecho a la defensa antes de que los legisladores emitan una sentencia definitiva. Si bien la correlación de fuerzas legislativas resulta adversa para la oposición en este momento, el debate en torno a un eventual juicio político a Peña genera intensas discusiones sobre la transparencia en el sistema financiero y la gestión de recursos públicos en el país.
Datos clave
- Respaldo inicial: cerca de 35 diputados de bancadas liberales, del tercer espacio y disidentes colorados apoyan la acusación.
- Votos requeridos: se necesitan 53 votos sobre un total de 80 en la Cámara de Diputados para aprobar el libelo.
- Causales señaladas: vinculaciones comerciales, fondos jubilatorios del IPS y el nombramiento de autoridades en la banca matriz.
- Etapa posterior: en caso de aprobación en la Cámara Baja, el Senado deberá actuar como tribunal para juzgar a las autoridades.
