La Cámara de Diputados convocó a sesiones extraordinarias en Asunción para evaluar el juicio político a Peña tras el colapso de Ueno Bank. La iniciativa cobró fuerza luego del retiro oficial de respaldo por parte de la conducción de la Asociación Nacional Republicana. La situación deja a la administración central en un escenario de extrema fragilidad institucional frente al Poder Legislativo.
El quiebre partidario y el juicio político a Peña
El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, comunicó de manera pública que la nucleación política resolvió respaldar el juicio político a Peña. A través de sus declaraciones institucionales, el dirigente afirmó que no tolerarán la vulneración de los fondos jubilatorios y los depósitos privados de la población. La postura generó un impacto decisivo debido a la mayoría parlamentaria que detenta la bancada oficialista.
En paralelo a la posición adoptada por la junta de gobierno partidaria, Cartes mantuvo una audiencia con el vicepresidente Pedro Alliana. El encuentro tuvo como propósito coordinar la línea sucesoria frente a una eventual dimisión o una remoción formal del mandatario. Este distanciamiento político quiebra la alianza que sustentó el acceso del mandatario al poder central.
Procedimiento constitucional en el Congreso
El libelo acusatorio ingresó formalmente al recinto con el respaldo de 35 parlamentarios de bancadas opositoras e integrantes disidentes. La acción legislativa se fundamenta en las previsiones del artículo 225 de la Constitución paraguaya para solicitar la apertura del enjuiciamiento. El titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, estructuró dos convocatorias de carácter extraordinario para tratar los cargos correspondientes.
Para que la acusación prospere hacia la Cámara de Senadores se requiere el voto conforme de 53 de los 80 diputados. Una vez en el Senado, la declaración de culpabilidad exige 30 adhesiones sobre los 45 miembros que componen dicho cuerpo colegiado. El juicio político constituye la herramienta reglamentaria para determinar la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado.
La causa judicial y la indignación ciudadana
El Ministerio Público impulsó medidas procesales inmediatas contra los directivos de la entidad financiera clausurada por el Banco Central del Paraguay. Los agentes fiscales requirieron la prisión preventiva para Miguel Vásquez y el arresto domiciliario para otros siete ejecutivos involucrados. La intervención del banco impidió la disponibilidad de fondos a cerca de tres millones de clientes en todo el país.
Diversos sectores de la sociedad civil expusieron su preocupación ante la incertidumbre económica originada por la caída de la entidad. Miembros de la selección nacional de fútbol difundieron un pronunciamiento público exigiendo una respuesta contundente y transparente de los órganos judiciales. Los reclamos ciudadanos apuntan a salvaguardar los ahorros de las familias trabajadoras frente al perjuicio patrimonial.
La resolución del juicio político a Peña definirá el rumbo de la conducción política del país en los próximos días. Las distintas bancadas legislativas mantienen negociaciones internas en la sede del Parlamento a la espera de las votaciones definitivas.
Datos clave
- El proceso de enjuiciamiento se promovió mediante un libelo de 35 diputados amparados en el artículo 225 de la Carta Magna.
- La dirigencia colorada confirmó que retiró su respaldo al presidente y comenzó a estructurar la línea de sucesión junto al vicepresidente.
- El colapso bancario detonó tras la intervención estatal sobre Ueno Bank, bloqueando los recursos de casi tres millones de ahorristas.
- La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del directivo Miguel Vásquez y medidas cautelares para siete integrantes del directorio.
