El avance de un eventual juicio político a Peña coloca al Gobierno paraguayo ante su mayor encrucijada institucional tras formalizarse la convocatoria extraordinaria en la Cámara Baja. La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank derivó en una ofensiva política impulsada por parlamentarios opositores y disidentes colorados en Asunción. La mesa directiva fijó el debate para este jueves a las 10:00, jornada en la cual se someterá a votación la acusación formal.
La convocatoria a sesión extraordinaria fue confirmada por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, tras la presentación formal del libelo acusatorio con 35 firmas respaldatorias. El orden del día previsto abordará de manera exclusiva la acusación contra el presidente y otro planteamiento similar dirigido al vicepresidente Pedro Alliana. Sin embargo, los promotores de la iniciativa buscan concentrar los esfuerzos en evaluar la conducta del jefe de Estado.
La aritmética parlamentaria detrás del juicio político a Peña
El desenlace de esta jornada dependerá de los números que logren articular los sectores que impulsan el enjuiciamiento. Los proyectistas sostienen que cuentan con un piso cercano a los 36 votos asegurados y admitieron negociaciones en curso con legisladores oficialistas. La Cámara de Diputados cuenta con 80 bancas en total y necesita un mínimo de 41 integrantes en sala para habilitar el tratamiento legislativo.
De acuerdo con las reglas constitucionales, la aprobación del libelo acusatorio requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes en la sesión. Si el cuerpo sesiona con el cuórum justo de 41 diputados, se necesitarán 28 votos afirmativos para dar curso al reclamo. Por el contrario, en caso de asistencia perfecta de los 80 parlamentarios, la vara ascenderá a 54 adhesiones, lo que vuelve determinante la estrategia de permanencia en el recinto.
Los cinco ejes del libelo acusatorio contra el mandatario
El documento que fundamenta la acusación formula cinco reproches principales vinculados con presuntos conflictos de interés, transgresiones normativas y desequilibrios en el sistema financiero. En primer lugar, los legisladores señalan la participación accionaria del presidente en Ueno Holding por unos G. 6.144 millones. Asimismo, cuestionan la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay tras su paso previo por la entidad intermediaria.
Otro aspecto medular de la denuncia involucra las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social en la mencionada entidad financiera. Según los denunciantes, estas inversiones habrían sobrepasado los topes legales permitidos, lo que expuso los recursos jubilatorios a situaciones de riesgo. También se alude al otorgamiento de préstamos a firmas asociadas por un monto superior a G. 743.784 millones y se observan variaciones patrimoniales anteriores del mandatario.
El impacto de la crisis financiera y las causas judiciales
La controversia en el ámbito parlamentario se originó tras el proceso de resolución implementado por el Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank ante fallas de solvencia. A la incertidumbre de los ahorristas se sumaron las acciones del Ministerio Público, que dispuso imputar a 27 personas, incluyendo a ocho altos directivos y 19 representantes corporativos. Las investigaciones abarcan sospechas de lesión de confianza, conducta indebida en crisis y tentativa de estafa.
En ese contexto de tensión, el oficialismo promovió relevos institucionales como la designación de Raúl Vera Bogado en la conducción de la banca matriz. Desde sectores de la disidencia republicana, el diputado Mauricio Espínola consideró que la situación desgasta al partido de cara al futuro electoral si no se aclaran las responsabilidades. Mientras tanto, el expresidente Horacio Cartes instó a tomar medidas para resguardar el sistema y el mandatario prometió la devolución de depósitos.
El mecanismo constitucional ante una eventual sanción
El proceso previsto en la Carta Magna paraguaya establece competencias diferenciadas para ambas ramas legislativas. Según el artículo 225, Diputados actúa únicamente como cámara acusadora, mientras que el Senado asume el rol de tribunal de sentencia en un juicio público. En consecuencia, si prospera este juicio político a Peña en la Cámara Baja, el expediente deberá ser remitido a la Cámara Alta para la defensa correspondiente.
Para separar definitivamente al mandatario del cargo, la Constitución exige una mayoría calificada de dos tercios del total de miembros de la Cámara Alta, cifra equivalente a 30 de los 45 senadores. De no alcanzarse esa mayoría estricta, la máxima autoridad conservará sus funciones gubernamentales. La ciudadanía y los actores económicos aguardan con expectativa la votación de este jueves para conocer la estabilidad del mandato presidencial.
Datos clave
- Convocatoria legislativa: La Cámara de Diputados fijó una sesión extraordinaria este jueves a las 10:00 para debatir el libelo con 35 firmas iniciales.
- Mayorías requeridas: La acusación necesita dos tercios de los presentes en Diputados y, si avanza, el Senado precisará 30 votos de 45 para una eventual remoción.
- Ejes de la denuncia: El texto menciona conflictos de interés, colocación de fondos del Instituto de Previsión Social e irregularidades en créditos corporativos.
- Frente judicial: El Ministerio Público procesó a 27 personas por presunta lesión de confianza y delitos vinculados al manejo de la entidad en resolución.
