La Cámara de Diputados recibe este martes la presentación formal del libelo acusatorio para abrir un juicio político a Emiliano Rolón, titular del Ministerio Público. La iniciativa legislativa es encabezada por la diputada Rocío Vallejo, integrante de la bancada del Partido Patria Querida, quien confirmó que la propuesta ya cuenta con el respaldo inicial de una veintena de parlamentarios. El planteamiento busca sumar apoyos de diversos sectores opositores e independientes antes de que inicie la sesión ordinaria en Asunción.
De acuerdo con las declaraciones brindadas por la parlamentaria, el máximo representante de la Fiscalía General del Estado habría incurrido en un reiterado mal desempeño de funciones. Entre los principales reclamos que fundamentan la acusación figuran presuntas omisiones procesales e inacciones prolongadas en expedientes judiciales de alto impacto público y financiero para el país.
Causas acumuladas que fundamentan el juicio político a Emiliano Rolón
El escrito acusatorio detalla presuntas irregularidades en el tratamiento de investigaciones sensibles, como la crisis vinculada a entidades financieras y el Banco Central del Paraguay. La diputada Vallejo señaló que la fiscalía habría mantenido congeladas durante más de doce meses las denuncias promovidas por legisladores y por la ciudadana Luz Candado. Según la exposición de la legisladora, una rápida intervención fiscal hubiera prevenido perjuicios patrimoniales mayores tanto para las arcas estatales como para ahorristas particulares.
Asimismo, el cuestionamiento abarca demoras en allanamientos tras declaraciones donde se pedía paciencia a la ciudadanía a inicios de noviembre. Para los proyectistas, estos retrasos operativos habrían facilitado la dispersión y el ocultamiento de evidencias, joyas, dinero en efectivo y documentación de relevancia para los procesos. También se objetó la falta de imputaciones hacia altos exfuncionarios del sector económico que habrían continuado destinando fondos a las firmas investigadas.
A estos señalamientos se agregan reclamos por el estancamiento de expedientes sobre presuntos desvíos por 500.000 millones de guaraníes en la Municipalidad de Asunción, reportes de la Contraloría sobre el Instituto de Previsión Social, desestimaciones de causas ligadas a Petropar y supuestos cambios de agentes en pesquisas relativas a pornografía infantil.
Denuncia de presunta censura y solicitud de auditoría fiscal
Uno de los puntos más controvertidos expuestos por la parlamentaria guarda relación con supuestos mecanismos de silenciamiento dentro de la institución investigadora. Vallejo denunció que integrantes del Ministerio Público habrían hecho firmar un compromiso restrictivo a la denunciante Luz Candado, negándole copias del documento y prohibiéndole brindar declaraciones a la prensa. La legisladora calificó este proceder como un acto de censura propio de administraciones autoritarias y lo atribuyó a directivas de la máxima autoridad fiscal.
De forma paralela a la tramitación de este juicio político a Emiliano Rolón, se formalizó una solicitud de examen especial ante la Contraloría General de la República. La petición busca auditar una partida de 2.500 millones de guaraníes presupuestada para gastos reservados del Ministerio Público durante el ejercicio correspondiente a 2025.
Según los datos parlamentarios, más del 30% de dichos recursos se habría canalizado hacia la contratación de personal y rubros de infraestructura, mientras que solo un 5% se orientó a labores de inteligencia o investigación encubierta. Vallejo advirtió que el uso de fondos reservados para sostener gastos corrientes representaría una maniobra orientada a sortear los controles habituales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En caso de detectarse irregularidades financieras, anunció que entablará una denuncia penal complementaria.
El procedimiento constitucional ante la Cámara de Diputados
En el marco del sistema republicano paraguayo, el juicio político está consagrado por la Constitución Nacional como el mecanismo de control parlamentario para remover a altas autoridades del Estado. La Cámara de Diputados funge como órgano acusador y requiere de mayorías calificadas para elevar los cargos ante la Cámara de Senadores, que actúa como tribunal juzgador.
La presentación del libelo acusatorio marca el inicio de una compleja negociación política entre las diferentes bancadas legislativas. La suerte de la iniciativa dependerá de los consensos que logre articular la oposición con facciones disidentes u oficialistas para alcanzar los votos necesarios en el plenario.
Datos clave
- Inicio formal: Se presenta en la Cámara de Diputados el libelo acusatorio con 20 firmas iniciales promovido por la diputada Rocío Vallejo.
- Hechos denunciados: Se acusa presunta inacción fiscal en el desfalco ligado al sistema bancario y el congelamiento de causas por desvíos en Asunción y el IPS.
- Censura señalada: Se cuestiona la firma de un acta que prohibía a una denunciante formular declaraciones a medios informativos.
- Control de gastos: La Contraloría fue requerida para auditar 2.500 millones de guaraníes asignados a gastos reservados del Ministerio Público.






