La discusión en torno al juicio político a Emiliano Rolón generó intensas posturas encontradas dentro del Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico en Asunción. La máxima instancia partidaria liberal se congregó con el propósito de formalizar su respaldo al proceso de enjuiciamiento acordado previamente por los líderes de la oposición. Sin embargo, el senador Líder Amarilla planteó frenar esa iniciativa para evitar que el oficialismo partidario controle la Fiscalía General del Estado.
Durante el debate partidario, Amarilla sostuvo que la destitución del fiscal general implicaría un retroceso institucional para los sectores opositores. Desde su perspectiva, apartar a la actual cabeza del Ministerio Público abriría la puerta a una designación provisoria afín a la Asociación Nacional Republicana. Por esa razón, solicitó reorientar los cuestionamientos parlamentarios hacia el titular de la Contraloría General de la República, Camilo Benítez.
La postura contra el juicio político a Emiliano Rolón
El legislador argumentó que impulsar un juicio político a Emiliano Rolón podría resultar contraproducente para el equilibrio democrático paraguayo. Explicó que la salida del fiscal general derivaría en la asunción interina del adjunto Augusto Salas y en una posterior terna elaborada por el Consejo de la Magistratura con predominio colorado. Amarilla advirtió que figuras partidarias tradicionales podrían terminar al frente de la institución persecutoria si no se actúa con cautela.
En su intervención, Amarilla también criticó el protagonismo de los partidos de la tercera fuerza en la construcción del mensaje opositor frente al electorado. Asimismo, destacó que en casi cuatro décadas de democracia ningún titular del Ministerio Público se había atrevido a encarcelar a un expresidente colorado. No obstante, en dicho recuento histórico se omitió el antecedente de Raúl Cubas Grau, quien permaneció privado de libertad temporalmente tras los sucesos del Marzo Paraguayo y causas financieras derivadas.
La propuesta de acuerdo y el caso Ueno Bank
Frente al escenario planteado, el senador sugirió ofrecer garantías políticas al fiscal general desde la bancada opositora. A cambio de dicha protección, el parlamentario propuso exigir avances concretos en la investigación que involucra al vicepresidente Pedro Alliana en el denominado caso Ueno Bank. Amarilla insistió en que el foco de las sanciones constitucionales debe recaer sobre la Contraloría por presuntas omisiones en estas pesquisas.
Esta postura surge meses después de que el propio Amarilla denunciara persecución penal por parte de agentes fiscales en el marco de la causa judicial caratulada como Caso Scanner. Para el legislador liberal, la prioridad estratégica consiste en utilizar las herramientas institucionales para esclarecer presuntos desvíos y vínculos comerciales de las altas autoridades del Poder Ejecutivo.
Discrepancias internas sobre el rol de la Fiscalía
La postura de Amarilla encontró un inmediato contrapunto en su colega de bancada, el senador Ever Villalba, quien ratificó la necesidad de promover el juicio político a Emiliano Rolón. Villalba cuestionó con dureza el desempeño del titular del Ministerio Público y lo calificó de carente de firmeza. Sostuvo que el fiscal general no avanzó en imputaciones formales contra el mandatario Santiago Peña a pesar de contar con denuncias formales sobre supuesto enriquecimiento.
Villalba comparó de manera irónica la estructura del gabinete actual con hechos históricos del inicio de la transición democrática en Paraguay. Para este sector del liberalismo, la inacción judicial frente al poder de turno demuestra que la Fiscalía no opera con imparcialidad. Las deliberaciones partidarias continúan abiertas y reflejan las complejidades de la bancada opositora para articular un bloque unificado en el Congreso Nacional.
Datos clave
- Estrategia divergente: el senador Líder Amarilla planteó proteger al fiscal general en lugar de respaldar su remoción constitucional.
- Riesgo institucional: la advertencia principal apunta a que una eventual vacancia permitiría al oficialismo copar la Fiscalía General del Estado.
- Exigencia de causas: la propuesta liberal condiciona el apoyo al avance de investigaciones que atañen a Pedro Alliana y al caso Ueno Bank.
- Contrapunto interno: el senador Ever Villalba rechazó la moción y acusó a la Fiscalía de inacción ante denuncias contra Santiago Peña.






