Un grupo de parlamentarios opositores inició las gestiones preliminares para plantear un juicio político a contralor general de la República, Camilo Benítez, tras acusarlo de presunta inacción y connivencia institucional en Asunción. La iniciativa legislativa busca determinar responsabilidades en el control de declaraciones juradas y bienes patrimoniales de altas autoridades del Estado paraguayo.
La diputada Johanna Ortega confirmó que varios legisladores comenzaron a recopilar antecedentes documentales para sustentar el libelo acusatorio correspondiente. Según explicó la parlamentaria, la Contraloría General de la República mostró una conducta negligente al momento de auditar la correspondencia patrimonial de exautoridades, generando sospechas de encubrimiento premeditado.
Impulso inicial para el juicio político a contralor
El proyecto acusatorio reúne actualmente el compromiso de al menos cinco a seis diputados que están dispuestos a firmar el documento inicial. Ortega señaló que el objetivo consiste en articular consensos para alcanzar los números necesarios en la Cámara Baja, tal como ocurrió en procesos previos de similar naturaleza.
La legisladora recordó que otros procesos destituyentes comenzaron con un reducido grupo de parlamentarios y luego consiguieron respaldo pleno. Por ello, los firmantes consideran que el juicio político a contralor resulta un paso imprescindible para restablecer el equilibrio institucional y evitar la impunidad de las entidades fiscalizadoras.
Los antecedentes de fiscalización patrimonial
El cuestionamiento central hacia Benítez surge del análisis sobre la correspondencia de bienes del expresidente de la República, Santiago Peña, tras operaciones financieras vinculadas a acciones comerciales. Desde la óptica de los impulsores de la medida, el dictamen emitido en su momento operó como un blanqueo administrativo que omitió irregularidades visibles.
Asimismo, Ortega vinculó este desempeño con la falta de sanciones ante situaciones complejas como el descalabro vinculado a Ueno Bank. Para los diputados denunciantes, las entidades encargadas del control tardaron de manera injustificada en intervenir, configurando un esquema de presunta complicidad entre la Fiscalía y la Contraloría.
Pérdida del contrapeso y rol institucional
La diputada remarcó que históricamente la Contraloría General de la República debía responder a sectores ajenos al oficialismo para garantizar un control genuino del poder. Al evaluar la viabilidad de someter a juicio político a contralor por presuntas omisiones, la oposición enfatiza la necesidad de devolver la independencia técnica a este órgano constitucional.
En el sistema republicano de Paraguay, el juicio político está consagrado en la Constitución Nacional como la herramienta para remover autoridades por mal desempeño de funciones. La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador y el Senado como tribunal juzgador, mecanismo que ahora la oposición busca activar contra la máxima autoridad de control.
Datos clave
- Bancada opositora: al menos cinco a seis diputados ya trabajan en la redacción del libelo acusatorio contra Camilo Benítez.
- Motivo principal: denuncian negligencia e inacción en el examen de correspondencia de bienes del expresidente Santiago Peña.
- Demora estatal: los parlamentarios acusan a la Contraloría y a la Fiscalía de actuar tarde y con presunta complicidad institucional.
- Pérdida de independencia: señalan la urgencia de recuperar el rol opositor y de contrapeso que históricamente caracterizó a la institución fiscalizadora.






