El juicio a Tomás Rivas afronta nuevos intentos de postergación tras la presentación de recursos procesales por parte del equipo jurídico del actual intendente de Ybycuí. El Tribunal de Sentencia había determinado que el juzgamiento inicie el 18 de noviembre a las 8:30 en Asunción. Sin embargo, los planteamientos recientes amenazan con retrasar nuevamente la sustanciación de la causa.
La convocatoria para el juicio a Tomás Rivas
La fijación de fecha se produjo después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara las resoluciones de sobreseimiento previas el pasado 7 de octubre. Con esa determinación, la máxima instancia judicial ordenó llevar adelante el juzgamiento público de manera inmediata.
El colegiado asignado para dirigir la audiencia está presidido por el magistrado Darío Báez. Pese a la directiva de la Corte, la representación legal del exlegislador interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que organizó la diligencia procesal.
Reposición y reclamo de la Coordinadora de Abogados
Frente a esta maniobra procesal, organizaciones civiles manifestaron su preocupación por la reiteración de incidentes dilatorios. La abogada María Esther Roa, referente de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, advirtió que estas acciones buscan entorpecer el normal desarrollo del litigio judicial.
Roa puntualizó que los tribunales de sentencia suelen resolver las excepciones e incidentes preliminares durante la apertura del debate oral y no en etapas previas. Por este motivo, la profesional instó a los jueces a no consentir mecanismos que posterguen el inicio del contradictorio.
El origen de la causa y los sucesivos sobreseimientos
El expediente judicial comenzó en mayo de 2018 con la imputación por presunta estafa formulada por el Ministerio Público. Las pesquisas se originaron en investigaciones periodísticas que constataron que tres empleados asignados a actividades privadas del político percibían salarios públicos de la Cámara de Diputados.
A lo largo de los años, el proceso atravesó múltiples incidencias que culminaron en pronunciamientos de extinción de la acción penal. En una primera instancia, un tribunal integrado por los jueces Héctor Capurro Radice y Juan Carlos Zárate Pastor, con el voto en disidencia de Cándida Fleitas, declaró fenecida la causa, decisión que el Tribunal de Apelación Penal anuló en septiembre de 2022.
Tiempo después, otro órgano de juzgamiento compuesto por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Juan Pablo Mendoza decretó nuevamente la extinción basándose en una supuesta reparación del perjuicio patrimonial. Dicho fallo fue avalado en alzada a fines de 2025, hasta que la Fiscalía interpuso el recurso extraordinario de casación.
La intervención de la Corte Suprema y el rol legislativo
La Sala Penal del máximo tribunal revisó los antecedentes y revocó las decisiones absolutorias, concluyendo que correspondía ordenar un nuevo juicio a Tomás Rivas. Esta determinación reabrió formalmente el debate público respecto al presunto desvío de fondos parlamentarios.
En el marco de los antecedentes, en 2021 se suscribió un acuerdo entre el encausado y la presidencia de la Cámara de Diputados, entonces ejercida por Pedro Alliana. En dicho instrumento institucional se dejó constancia de que el cuerpo legislativo no mantenía reclamos económicos pendientes, considerando que el exparlamentario depositó la suma de G. 121.208.000 como reintegro. La validez de dicho pacto continúa bajo la atenta mirada de la ciudadanía paraguaya.
Datos clave
- Nueva fecha: El Tribunal de Sentencia fijó el inicio del juicio oral para el miércoles 18 de noviembre a las 8:30.
- Estrategia dilatoria: La defensa del acusado presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio para frenar la audiencia.
- Reclamo gremial: La Coordinadora de Abogados del Paraguay pidió al juez Darío Báez rechazar maniobras y abrir el debate.
- Resolución judicial: La Sala Penal de la Corte Suprema anuló los sobreseimientos anteriores que beneficiaban al jefe comunal.
- Antecedentes de pago: El legislador devolvió en 2021 más de G. 121 millones a la Cámara Baja mediante un acuerdo administrativo.






