El Poder Judicial confirmó que se llevará a cabo el juicio a Luis Yd, luego de que el juzgado admitiera la acusación fiscal en su contra por presuntos hechos punibles contra el medio ambiente en Encarnación. La resolución fue comunicada por la magistrada penal de garantías Deyanira Villalba durante la audiencia preliminar. El proceso judicial contra el exjefe comunal se centra en supuestas irregularidades operativas dentro del vertedero municipal.
Las irregularidades detectadas en el relleno sanitario
La investigación fiscal estuvo encabezada por Angelina Arriola, agente de la Unidad Penal Especializada contra Delitos Ambientales. Según la acusación, se atribuye al procesado la supuesta comisión de procesamiento ilícito de desechos y el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental. Estas figuras están contempladas en el Código Penal y en la Ley 716/96 en calidad de presunto autor.
Las averiguaciones del Ministerio Público abarcaron el inmueble de aproximadamente veintidós hectáreas donde funciona la disposición de basuras. El terreno se compone de fincas pertenecientes al municipio encarnaceno y un sector bajo propiedad de la Entidad Binacional Yacyretá. Durante las inspecciones conjuntas con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, se constató el vertido de residuos domiciliarios junto a desechos industriales y hospitalarios.
La comitiva interviniente informó que el recinto no presentaba tareas adecuadas de compactación ni cobertura periódica con tierra. Asimismo, los peritos reportaron la falta de cañerías para captar lixiviados y la carencia de chimeneas de venteo de gases. Tampoco se presentaron las habilitaciones correspondientes emitidas por la autoridad ambiental nacional.
La postura de la defensa ante el juicio a Luis Yd
Durante la etapa previa al debate, el abogado defensor Luis Troche rechazó la pretensión del Ministerio Público al considerar que carece de sustento. El representante aseguró que no existen elementos técnicos que comprueben una acción deliberada del jefe municipal en perjuicio de los recursos naturales.
La defensa técnica argumentó que las sanciones aplicadas con anterioridad por la cartera ambiental fueron de carácter leve y dirigidas a la comuna como persona jurídica, mas no al titular del ejecutivo. Por estos motivos, afirmaron que el juicio a Luis Yd no tiene sustento penal suficiente para atribuirle culpa individual.
De igual modo, el letrado denunció que las acusaciones obedecen a un trasfondo de persecución política en contra del dirigente opositor. Troche adelantó que presentará un recurso de apelación contra la elevación de la causa, recordando además que existe una acción de inconstitucionalidad planteada ante la Corte Suprema de Justicia pendiente de resolución.
El trasfondo del conflicto y la crisis de recolección
El inicio de este expediente judicial data del año 2023, cuando integrantes de la organización Contraloría Ciudadana formalizaron una denuncia penal. El grupo civil cuestionó duramente las condiciones en que la administración municipal manejaba la recolección y disposición final de la basura urbana.
La tensión creció a mediados de 2024 luego de diversas inspecciones del Ministerio del Ambiente en dependencias de la comuna. A ese panorama se sumó una protesta de recolectores informales que bloquearon el acceso al vertedero municipal durante más de dos semanas, en rechazo al proyecto comunal de licitar el servicio.
El cierre del vertedero obligó a los camiones a depositar transitoriamente toneladas de basura en el corralón y los talleres del municipio. Dicha situación precipitó el requerimiento conclusivo de la Fiscalía, que finalmente derivó en el juicio a Luis Yd.
Marco normativo y responsabilidades ambientales
En la legislación paraguaya, la Ley 716/96 sanciona penalmente las conductas que degradan los recursos naturales, en concordancia con los deberes de salubridad fijados por la Ley Orgánica Municipal. Las municipalidades tienen el mandato imperativo de garantizar que los vertederos no contaminen el suelo, los cauces hídricos ni la atmósfera.
El inadecuado manejo de los lixiviados representa uno de los mayores peligros ecológicos debido al riesgo de filtración hacia los acuíferos subterráneos. Si bien las defensas comunales suelen aducir dificultades financieras, la jurisprudencia nacional viene exigiendo estándares rigurosos de protección a los administradores de estos recintos.
Datos clave
- Decisión judicial: La jueza Deyanira Villalba admitió la acusación fiscal y dispuso la elevación del expediente a juicio oral.
- Hechos punibles investigados: La causa indaga presunto procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental.
- Lugar de los hechos: Se verificaron irregularidades en un vertedero de 22 hectáreas administrado por la comuna y la Entidad Binacional Yacyretá.
- Argumento de la defensa: El abogado representante anunció una apelación y sostuvo que las sanciones previas eran solo de índole administrativa institucional.






