El juicio oral contra el exintendente de San Pedro de Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR), y otros siete exfuncionarios municipales entra en su tramo final. La causa investiga un presunto perjuicio de G. 2.269 millones a las arcas de la comuna.
Terminó la ronda de testigos
En la jornada del 22 de octubre declaró el último de los 18 testigos que escuchó el Tribunal de Sentencia.
Ahora solo resta que el Ministerio Público presente dos pruebas documentales más. Después llegará el turno de los alegatos finales de la acusación y las defensas.
Declararán los acusados
El presidente del Tribunal, el juez Matías Garcete, informó a las defensas que en la próxima audiencia, fijada para el 29 de octubre a las 8:00, serán escuchados todos los acusados que quieran declarar.
Las defensas adelantaron que los ocho procesados prestarán declaración ese día.
Los acusados
Junto al exintendente Gustavo Rodríguez, son juzgados siete exfuncionarios municipales:
- Sergio Isasi Schweighart, cajero municipal.
- Fátima María Pereira Ocampo, fiscal de obras.
- Gisselle Nohemí Irala Cáceres, tesorera.
- José Luis Baruja Legal, contador.
- Rubén Alder Leguizamón, funcionario administrativo.
- Diego Armando Espínola Olmedo, director de Administración.
- Pedro Antonio Morel Arévalos, director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Todos están acusados por lesión de confianza por hechos ocurridos durante 2021 y 2022.
Lo que se expuso en el juicio
A lo largo del proceso, la acusación presentó distintas pruebas para sostener su caso:
- Auditores de la Contraloría General de la República declararon sobre irregularidades detectadas en la administración municipal.
- La Fiscalía exhibió documentales sobre presuntas obras fantasmas: trabajos que figuraban como pagados pero que, según la acusación, no se ejecutaron.
- Un perito contable declaró sobre irregularidades en el manejo de las cuentas de la comuna.
- Un testigo se refirió a supuestas obras no realizadas en una escuela.
Las defensas tendrán ahora la oportunidad de presentar su versión, tanto en las declaraciones de los acusados como en los alegatos finales.
¿Qué es la lesión de confianza?
Es el delito que comete quien, teniendo la obligación de administrar o cuidar bienes ajenos, en este caso los fondos públicos de una municipalidad, causa un perjuicio patrimonial a quien se los confió. El Código Penal prevé penas de hasta 5 años de prisión, que pueden llegar a 10 años en casos especialmente graves.
Lo que viene
Después de las declaraciones de los acusados y de los alegatos, el Tribunal de Sentencia deberá dictar su fallo. Hasta entonces, rige para todos los procesados la presunción de inocencia.
