El pedido para abrir un juicio a Evo Morales fue formalizado por el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga ante el Ministerio Público del vecino país. La solicitud apunta a determinar responsabilidades penales respecto al violento asalto policial del año 2009 en un céntrico hospedaje de Santa Cruz de la Sierra.
La presentación también involucra de manera directa al exvicepresidente Álvaro García Linera bajo la figura de ejecución sumaria. La iniciativa judicial llega en un momento de fuerte agitación en la escena regional y guarda especial atención en el Cono Sur, incluyendo a Paraguay debido a los lazos fronterizos e históricos entre ambas naciones.
El trámite para abrir un juicio a Evo Morales
Para que la causa prospere en los tribunales, la Fiscalía General del Estado debe admitir inicialmente la proposición acusatoria promovida por la bancada opositora. Si el Ministerio Público encuentra méritos, el expediente pasa a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se requiere el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
En caso de superar el filtro legislativo, el expediente será remitido al Tribunal Supremo de Justicia para el inicio de las audiencias formales. Quiroga justificó que esperó la salida del exfiscal general Roger Mariaca, quien se encuentra con prisión preventiva por sospechas de encubrimiento al narcotráfico, para ingresar el reclamo ante la nueva autoridad interina José Armando Urioste.
Los antecedentes del caso terrorismo en Santa Cruz
El episodio que fundamenta la acción penal ocurrió el 16 de abril de 2009 dentro de las instalaciones del Hotel Las Américas, situado en la capital cruceña. En esa incursión murieron tres ciudadanos extranjeros, incluido el irlandés Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöd Tóásó resultaron arrestados bajo cargos de presunta sedición.
En aquel periodo, el Poder Ejecutivo boliviano sostuvo que los ocupantes integraban una banda destinada a dividir el territorio oriental y atentar contra las autoridades nacionales. Con el paso de los años, sobrevivientes e imputados denunciaron torturas, montajes procesales e injerencia estatal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que dictaminó la responsabilidad internacional del Estado boliviano por graves transgresiones a las garantías judiciales y a la vida.
Tensión política y choque de liderazgos en Bolivia
La reapertura del debate judicial coincide con fuertes descalificaciones desde el actual gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, hacia el exjefe de Estado. Paz cuestionó la conducta de Morales frente a las convocatorias de protestas y cortes de rutas que previamente derivaron en semanas de paralización y más de una docena de fallecidos.
Desde el Ejecutivo acusaron a las gestiones anteriores de vaciar las arcas públicas, agotar las reservas energéticas y deteriorar las relaciones comerciales de exportación de gas con los mercados vecinos. Para Paraguay, la estabilidad institucional de Bolivia resulta clave debido a los flujos comerciales compartidos y al tránsito logístico de la hidrovía y el Chaco.
Datos clave
- Iniciativa penal: El expresidente Jorge Quiroga solicitó procesar a Evo Morales y Álvaro García Linera por el operativo del Hotel Las Américas.
- Requisito institucional: La acusación exige la validación de la Fiscalía, la aprobación de dos tercios del Congreso y el fallo del Tribunal Supremo.
- Dictamen internacional: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado vulneró los derechos fundamentales de las víctimas en 2009.
