La jueza Cinthia Garcete evitó la apertura de un enjuiciamiento en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debido a la falta de consenso necesario para impulsar la causa en Asunción. La determinación se produjo al no alcanzarse los cinco votos coincidentes que exige la legislación vigente para investigar a magistrados. Con esta definición formal, el expediente derivado de presuntas irregularidades procesales quedó oficialmente remitido al archivo por el colegiado.
La división de votos en el órgano disciplinario
El debate institucional expuso criterios jurídicos y políticos dispares entre los integrantes del cuerpo al examinar el desempeño de la magistrada penal de Ciudad del Este. El diputado Diego Candia lideró la moción favorable a la desestimación, argumentando que las controversias se resolvieron oportunamente por las vías recursivas ordinarias. Esta posición sumó el acompañamiento de los senadores Mario Varela y Pedro Díaz Verón, junto con el consejero Enrique Berni.
Por su parte, el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay Zuccolillo propuso instruir un enjuiciamiento de oficio e incluir el pedido de suspensión preventiva en sus funciones. La postura punitiva sumó la adhesión de la titular del cuerpo, Alicia Pucheta, y del ministro Manuel Ramírez Candia, quienes plantearon el proceso sin requerir la suspensión del cargo. La fragmentación de posturas impidió reunir la mayoría calificada contemplada en la Ley 6814/2021.
En etapas previas del análisis disciplinario, la causa ya había registrado posturas encontradas dentro de la institución. Durante intervenciones anteriores, Ramírez Candia había propuesto diligenciar una investigación preliminar antes de abrir una causa formal, recibiendo entonces el respaldo de varios legisladores que integran la mesa deliberativa.
Cuestionamientos procesales y la postura de los ministros
La causa examinada cobró estado público tras denuncias periodísticas relacionadas con el levantamiento de órdenes de captura internacional. La decisión judicial había favorecido a dos personas imputadas que residían en España, sin que mediara la comparecencia física exigida por la normativa procesal paraguaya.
El ministro Garay Zuccolillo fundamentó que dicho proceder vulneró preceptos esenciales del ordenamiento jurídico penal y constituía mal desempeño de funciones. Recordó que un tribunal de apelaciones debió revocar lo actuado y que otro juez penal de garantías resolvió reimponer el estado de rebeldía sobre los procesados. Pese a tales señalamientos, el sector parlamentario desestimó habilitar una revisión disciplinaria al considerar que el fondo ya fue subsanado en sede jurisdiccional.
Antecedentes de la jueza Cinthia Garcete en Alto Paraná
La trayectoria de la jueza Cinthia Garcete en el ámbito penal de garantías acumula diversos fallos polémicos en causas de presunta corrupción pública. Entre sus resoluciones más cuestionadas figura el sobreseimiento definitivo otorgado al senador Javier Zacarías Irún y a la exintendenta Sandra McLeod, en un caso abierto por presunto desvío de fondos municipales en Ciudad del Este.
Asimismo, las actuaciones de la jueza Cinthia Garcete abarcaron la desestimación de pruebas clave obtenidas mediante peritajes telefónicos en procesos seguidos a exlegisladores nacionales. Su historial incluye igualmente resoluciones exculpatorias en favor de exadministradores comunales de Hernandarias investigados por daño patrimonial a fondos jubilatorios, además de la liberación de efectivos policiales que enfrentaron imputaciones por presunta extorsión.
Datos clave
- Falta de mayoría calificada: el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados no alcanzó los cinco votos requeridos para instruir el sumario disciplinario.
- Bloque parlamentario mayoritario: cuatro miembros votaron por archivar el caso argumentando que los hechos ya fueron revisados en instancias judiciales ordinarias.
- Postura judicial en minoría: tres integrantes propusieron el enjuiciamiento formal con discrepancias sobre solicitar la suspensión preventiva en el cargo.
- Hechos denunciados: la pesquisa administrativa analizaba el cese irregular de órdenes de captura para dos imputados radicados en el extranjero.
