Una solicitud de retiro de antejuicio fue presentada contra el juez Jimi Bremer por presuntas irregularidades cometidas en el trámite de un proceso penal en Guatemala. La acción legal fue promovida por la abogada Claudia González, quien se desempeñó como mandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El reclamo sostiene que las resoluciones del magistrado vulneraron sus garantías fundamentales y la dejaron en una situación de total indefensión procesal.
La petición formal fue entregada ante la Dirección de Gestión Penal del Organismo Judicial, con sede central en la Torre de Tribunales de la capital guatemalteca. El expediente fue asignado de forma inicial al Juzgado Quinto Penal, dependencia que deberá remitirlo a la Corte Suprema de Justicia para que sus integrantes analicen si admiten el trámite para el eventual levantamiento de la inmunidad del funcionario.
Las denuncias presentadas contra las actuaciones del juez Jimi Bremer
El documento entregado por la profesional del derecho señala la presunta comisión de cinco figuras delictivas durante el trámite de la causa. González atribuye al juzgador prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, retardo malicioso y denegación de justicia. Según explicó la abogada, los constantes aplazamientos de audiencias y la reserva judicial impuesta al caso restringieron arbitrariamente el acceso a la información y su posibilidad real de defensa.
Entre los puntos centrales de la controversia figura el rechazo de la mayor parte de las pruebas de descargo presentadas por su equipo jurídico. Asimismo, la defensa cuestionó que se le acuse por abuso de autoridad cuando nunca ejerció cargos como servidora de la administración pública guatemalteca. La exmandataria recordó que sus intervenciones técnicas se realizaron bajo el mandato de la misión anticorrupción de carácter internacional.
Resoluciones internacionales y las medidas cautelares aplicadas
La situación de la abogada ya había sido analizada en instancias globales antes de este requerimiento judicial. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó previamente que la privación de libertad sufrida por González vulneró sus derechos individuales básicos. Por este motivo, el organismo multilateral instó a las autoridades del Estado guatemalteco a efectuar una investigación rigurosa sobre los hechos ocurridos.
González fue aprehendida a finales de agosto de 2023 tras una inspección a su residencia y pasó ochenta y dos días recluida en un centro militar de detención. Posteriormente, un tribunal colegiado de apelaciones le otorgó medidas sustitutivas tras constatar la falta de sustento para mantener la prisión preventiva. La apertura formal del juicio oral fue postergada recientemente por el tribunal de sentencia para mayo de 2027 debido a recargas procesales.
Origen de la causa y sanciones previas del juzgador
El proceso penal se deriva de una denuncia interpuesta en su momento por una exmagistrada judicial que había sido investigada en 2017 por presunto tráfico de influencias. Aunque las pesquisas contra dicha exfuncionaria contaron con el acompañamiento de la Cicig, el Ministerio Público mantuvo la acusación contra González por supuestamente carecer de atribuciones para investigar a integrantes del poder judicial.
El titular de la judicatura cuestionada, el juez Jimi Bremer, cuenta con antecedentes de medidas restrictivas dictadas por entidades extranjeras. El magistrado del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal figura en listados de sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Diversas organizaciones de derechos humanos siguen con atención este nuevo trámite judicial debido a su impacto en el ejercicio de la abogacía independiente.
Datos clave
- La denuncia judicial: La abogada Claudia González acusó al magistrado por presunto prevaricato, retardo malicioso, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y denegación de justicia.
- El trámite institucional: La Corte Suprema de Justicia guatemalteca tendrá que resolver si da trámite a la solicitud de levantamiento de inmunidad contra el juzgador.
- El pronunciamiento internacional: Expertos de Naciones Unidas calificaron con anterioridad como arbitraria la privación de libertad que sufrió la exmandataria de la misión anticorrupción.
- El debate oral: El inicio del juicio penal contra la letrada quedó pospuesto hasta el año 2027 por demoras de agenda en los tribunales guatemaltecos.
