La justicia española confirmó que investigan a Julio Iglesias tras admitir a trámite una querella penal interpuesta por dos exempleadas que formaban parte del personal doméstico de sus residencias. La resolución judicial fue tomada por la Audiencia Nacional en Madrid luego de analizar los testimonios preliminares sobre hechos que habrían ocurrido durante el año 2021 en propiedades del artista ubicadas en el Caribe.
El magistrado Antonio Piña consideró que los relatos brindados por las denunciantes aportan indicios suficientes para justificar la apertura formal de una investigación. La causa se centra en supuestos delitos contra la libertad sexual, lesiones corporales y trato degradante hacia las trabajadoras.
Admisión judicial del caso en la Audiencia Nacional
El tribunal con sede en la capital española admitió la acción legal luego de un intento previo que había sido desestimado en enero pasado. Las dos mujeres formalizaron una nueva presentación en septiembre, lo que llevó al juzgado a determinar que existen elementos válidos para profundizar la indagación sobre el comportamiento del afamado intérprete de 83 años.
Aunque el expediente avanzará por agresiones sexuales y maltrato, el juez instructor decidió descartar las acusaciones adicionales que pretendían incluir trata de personas e infracciones contra los derechos laborales. Por otra parte, la sede judicial advirtió que varias de las conductas señaladas podrían encontrarse sujetas a prescripción legal según los plazos establecidos en el código penal vigente.
Motivos por los que investigan a Julio Iglesias en Madrid
Las querellantes afirman haber sufrido episodios de violencia física y coerción sexual mientras desempeñaban labores en las mansiones del músico en Bahamas y República Dominicana. De acuerdo con las exposiciones registradas por las organizaciones Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, el cantante les imponía jornadas que alcanzaban las dieciséis horas continuas sin contrato formal ni descansos semanales.
El informe presentado ante el tribunal sostiene también que el artista controlaba los teléfonos celulares de las trabajadoras y les restringía salir de las instalaciones residenciales. Como parte del acervo probatorio incorporado a la causa, se adjuntaron fotografías que exhiben hematomas en las extremidades y marcas atribuidas a mordeduras en el muslo de una de las denunciantes, presuntamente producidas durante actos forzados.
Por el momento, el juzgado rechazó otorgar el estatus de testigos protegidos a las exempleadas y no dictó órdenes de alejamiento, al considerar que no se acreditó una situación inminente de peligro. La convocatoria para que ambas declaren personalmente ante el juez instructor quedó fijada para el 3 de febrero.
La postura de la defensa y el alcance internacional
Frente a este escenario judicial, el vocalista negó de forma categórica cada una de las imputaciones formuladas en su contra. A través de declaraciones públicas, calificó los relatos como absolutamente falsos y aseguró que jamás ejerció abusos, presiones indebidas o faltas de respeto hacia ninguna mujer con la que haya compartido vínculos laborales o personales.
La competencia de los tribunales de Madrid se fundamenta en normativas legales que facultan a la jurisdicción española a perseguir hechos punibles cometidos fuera de su territorio cuando involucran a ciudadanos nacionales. El artista madrileño, nacido en 1943 y considerado una de las mayores figuras de la música hispana a nivel global con más de trescientos millones de copias vendidas, enfrenta así un complejo proceso que definirá su responsabilidad penal en los próximos meses.
Datos clave
- El juzgado: La Audiencia Nacional de Madrid investiga al cantante por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
- El origen: Las denuncias fueron formuladas por dos exempleadas de sus residencias privadas en Bahamas y República Dominicana.
- La respuesta: El intérprete rechazó las acusaciones y afirmó que los hechos señalados son absolutamente falsos.
- Próxima etapa: Las dos trabajadoras deberán comparecer a declarar de manera presencial ante el magistrado el 3 de febrero.






