Las autoridades judiciales confirmaron que investigan a Evo Morales por la supuesta comisión de crímenes graves ocurridos durante un asalto armado en Santa Cruz. La apertura de este proceso penal preliminar también alcanza a su antiguo vicepresidente, Álvaro García Linera, a raíz de una acción penal impulsada por legisladores de ese país. La causa busca esclarecer los hechos acontecidos durante el asalto policial de 2009 en el hotel Las Américas.
El requerimiento fiscal fue formalizado tras la presentación realizada por los congresistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. La denuncia sostiene que las fuerzas del orden habrían incurrido en privación ilegítima de la libertad, vejaciones, torturas y homicidios calificados contra varios ciudadanos extranjeros alojados en el recinto hotelero.
Por qué investigan a Evo Morales tras quince años
El caso se remonta a abril de 2009, cuando una unidad de élite de la Policía boliviana ingresó a las habitaciones del céntrico establecimiento en Santa Cruz de la Sierra. Aquella incursión armada derivó en el fallecimiento inmediato de Eduardo Rózsa Flores, con doble nacionalidad boliviana y croata, del irlandés Michael Dwyer y del húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
En esa misma acción resultaron aprehendidos el boliviano-croata Mario Tadic y el ciudadano húngaro Elöd Tóásó, quienes sobrevivieron a los disparos. Ambos denunciaron posteriormente que sufrieron maltratos físicos, amenazas y torturas sistemáticas por parte de los agentes estatales desde el instante de su captura.
En aquel momento, el gobierno de Morales justificó la intervención bajo la premisa de haber neutralizado una presunta célula armada de mercenarios extranjeros. Según la versión oficial de entonces, la banda planeaba ejecutar un plan separatista en la región oriental boliviana y atentar contra la cúpula estatal.
La intervención internacional y la Corte IDH
Con el correr de los años, familiares de los fallecidos y los sobrevivientes recurrieron a las instancias del sistema interamericano para exigir justicia. En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado boliviano incurrió en ejecuciones extrajudiciales y tratos inhumanos, por lo que elevó el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dictamen internacional debilitó la tesis de un enfrentamiento armado que sostuvo la administración gubernamental durante años. Diversos testimonios y peritajes forenses aportados ante el organismo internacional indicaron que las víctimas sufrieron disparos a corta distancia y que no hubo fuego cruzado durante el asalto.
Por este motivo, los tribunales locales decidieron reabrir las pesquisas para determinar la cadena de mando directa en las órdenes impartidas aquella madrugada. Hasta la fecha del anuncio judicial, ni el expresidente ni su exvicepresidente emitieron declaraciones públicas sobre la apertura del expediente penal.
Impacto político e institucional en la región
Este giro legal añade una fuerte presión sobre el panorama político de Bolivia, marcado por constantes disputas de poder y acusaciones cruzadas. El esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos resulta además un asunto de interés para los países limítrofes, dado el compromiso continental con los fallos vinculantes del tribunal interamericano.
En el plano jurídico, los delitos de lesa humanidad y ejecuciones arbitrarias carecen de prescripción según los convenios internacionales vigentes. Esto significa que los órganos investigadores tienen la obligación de continuar las indagaciones sin importar el tiempo transcurrido desde los sucesos investigados.
El avance del proceso definirá si la Fiscalía imputará formalmente a las exautoridades o si dispondrá medidas cautelares en las próximas semanas. Mientras se analizan las pruebas documentales y testificales, los magistrados deberán evaluar si el entonces mandatario tuvo responsabilidad penal directa en el operativo.
Datos clave
- Causa penal: Las autoridades judiciales de Bolivia investigan a Evo Morales y a Álvaro García Linera por presunto asesinato, torturas, vejaciones y privación de libertad.
- Hecho histórico: La pesquisa se enfoca en el operativo policial de 2009 en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fallecieron tres ciudadanos extranjeros.
- Resolución previa: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en el lugar se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y elevó el expediente a la Corte IDH.
- Impulsores: La investigación penal preliminar responde a una querella promovida por los parlamentarios opositores Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio.
