La investigación al Suntracs continuará durante doce meses adicionales tras la decisión de una jueza de garantías panameña. Esta medida responde a una causa penal donde se indaga la presunta apropiación indebida de 14 propiedades vinculadas al proyecto turístico Red Frog Beach en Bocas del Toro. El caso involucra a figuras históricas del gremio de la construcción como Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud.
La determinación judicial se produjo luego de que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada apelara un fallo previo que recortaba los tiempos investigativos. El tribunal consideró procedente otorgar la prórroga amparándose en el artículo 504 del Código Procesal Penal, el cual rige para pesquisas declaradas de tramitación compleja.
Origen del litigio y las tierras de Bastimentos
El conflicto tiene sus raíces en una huelga obrera ocurrida entre febrero de 2007 y octubre de 2008 en isla Bastimentos. En aquella protesta intervinieron 412 obreros de la construcción, en una medida declarada legítima por el Ministerio de Trabajo panameño. Ante esto, la constructora Pillar Construction debió asumir salarios caídos estimados en siete millones de dólares.
Como mecanismo de compensación, la patronal y la representación sindical acordaron la entrega de 14 fincas que sumaban más de 33.700 metros cuadrados. El valor original de aquellos terrenos ascendía a unos tres millones de dólares. Sin embargo, en 2022 un grupo de obreros denunció la aparente disposición no autorizada de tales inmuebles por parte de la directiva sindical.
La investigación al Suntracs y su complejo trasfondo financiero
De acuerdo con la hipótesis que impulsa el Ministerio Público, los inmuebles habrían servido como respaldo para obtener un préstamo hipotecario por más de tres millones de dólares. Dicha operación crediticia fue gestionada por la Cooperativa de Servicios Múltiples vinculada al gremio, la cual habría recibido capitales de la propia organización para respaldar el movimiento económico.
En el marco de la investigación al Suntracs, la justicia ordenó en agosto de 2025 la incautación preventiva de las 14 fincas. Esta medida cautelar sobre el patrimonio inmobiliario fue ratificada de forma posterior por el Tribunal Superior de Apelaciones. Las autoridades buscan esclarecer presuntos delitos contra el patrimonio económico, blanqueo de capitales, falsificación documental y asociación ilícita.
Situación procesal de los dirigentes y diligencias pendientes
El avance de la causa requiere procesar una voluminosa cantidad de evidencias técnicas antes de llegar a la fase intermedia del juicio. El Ministerio Público prevé analizar 663 cheques bancarios, someter a peritaje forense 50 dispositivos electrónicos y tomar declaraciones a unos 400 obreros afectados por el acuerdo inicial. También aguarda el peritaje a un servidor incautado.
En cuanto a los acusados, el exsecretario general Genaro López permanece sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. La fiscalía adelantó que solicitará para él una pena de hasta 30 años de encierro. Por su parte, el histórico dirigente Saúl Méndez sigue en condición de prófugo, según confirmaron los registros del sistema penal.
La defensa técnica de los sindicalistas sostiene que el expediente corresponde exclusivamente al fuero laboral y denuncia una supuesta ofensiva judicial contra el gremio. El tribunal remarcó que conceder más tiempo para consolidar la investigación al Suntracs no anticipa culpabilidad, sino que busca esclarecer los hechos denunciados con rigor procesal.
Datos clave
- Extensión judicial: La fiscalía panameña dispondrá de doce meses adicionales para profundizar las pesquisas por presunto blanqueo de capitales.
- Bienes bajo sospecha: Se indaga el destino de 14 fincas cedidas a trabajadores en isla Bastimentos, valoradas originalmente en tres millones de dólares.
- Líderes investigados: El proceso apunta a Genaro López, Saúl Méndez y Erasmo Cerrud por varios delitos de orden económico y societario.
- Pruebas en curso: Quedan pendientes revisiones de 663 cheques, 50 aparatos electrónicos y testimonios de unos 400 trabajadores de la construcción.






