La Fiscalía General de Bolivia comunicó formalmente el inicio de una investigación a Evo Morales por presuntos delitos de asesinato, torturas y privación arbitraria de libertad. La medida judicial involucra asimismo a su exvicepresidente Álvaro García Linera y se relaciona con el asalto armado acontecido en 2009 dentro de un complejo hotelero de Santa Cruz. La notificación fue enviada al Tribunal Supremo de Justicia para activar los mecanismos legales correspondientes.
Nueva investigación a Evo Morales y García Linera
El requerimiento fiscal responde a una denuncia promovida por la bancada de Libre, actual fuerza opositora en el Parlamento boliviano. La notificación al Tribunal Supremo de Justicia actúa como paso previo indispensable para tramitar un eventual juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al haber ejercido la presidencia del Estado, el exgobernante goza de fueros que exigen una autorización parlamentaria antes de sentarse en el banquillo.
Hasta el momento, ni el exgobernante ni su antiguo colaborador inmediato han brindado declaraciones públicas sobre la determinación judicial. Morales permanece actualmente en la región del Trópico de Cochabamba, su principal bastión sindical y político, donde se encuentra resguardado por organizaciones afines. Por su parte, García Linera permanece retirado de la actividad partidaria cotidiana y enfocado en labores académicas universitarias.
El violento operativo de 2009 en Santa Cruz
Los antecedentes del caso se remontan a la madrugada del 16 de abril de 2009 en la capital cruceña. Agentes policiales de élite irrumpieron en el céntrico alojamiento y abatieron a balazos al ciudadano boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi. Los uniformados arrestaron además a Mario Tadic y a Elöd Tóásó, quienes denunciaron haber padecido graves vejámenes durante su captura.
Horas después de la intervención armada, el propio mandatario confirmó desde Venezuela que había ordenado el despliegue para desarticular a supuestos mercenarios extranjeros. El Gobierno alegó en su momento que dicho grupo pretendía dividir el territorio nacional con ayuda de dirigentes cívicos regionales. Aquel episodio desató una fuerte ofensiva judicial contra líderes cruceños, de los cuales varios terminaron en prisión o salieron al exilio.
Proceso internacional y repercusiones regionales
La causa judicial interna sufrió un cambio sustancial en febrero de 2020, cuando un tribunal de La Paz determinó extinguir la acción penal por vencimiento de plazos procesales. Esta disposición concedió el sobreseimiento y la liberación definitiva a los acusados sobrevivientes. De forma paralela, las familias de las víctimas acudieron a instancias supranacionales para exigir justicia ante la falta de sanciones a los responsables del operativo.
En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que las autoridades estatales incurrieron en violaciones manifiestas a los derechos fundamentales, elevando la causa a la Corte Interamericana. Este contexto internacional precipitó la reapertura de indagaciones internas. Por consiguiente, la formalización de esta investigación a Evo Morales abre un complejo escenario judicial que impacta en la estabilidad política de Bolivia y capta el interés de toda la región sudamericana.
Esta indagación se suma a otros requerimientos judiciales vigentes contra Morales en territorio boliviano, incluidas órdenes de aprehensión por disturbios y acusaciones de carácter penal común. Para países limítrofes como Paraguay, las tensiones institucionales en el vecino país representan un asunto de permanente atención diplomática por los lazos comerciales, migratorios y de seguridad compartidos a lo largo de la frontera chaqueña.
Datos clave
- Causa penal: El Ministerio Público de Bolivia abrió indagatorias contra Evo Morales y Álvaro García Linera por presunto asesinato y torturas.
- Hecho investigado: La pesquisa analiza el operativo policial ejecutado en abril de 2009 dentro del Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra.
- Víctimas mortales: Durante la incursión fallecieron tres extranjeros y otros dos detenidos afirmaron haber sufrido maltratos físicos.
- Proceso parlamentario: El Tribunal Supremo de Justicia evaluará el expediente para requerir la autorización de un juicio de responsabilidades legislativo.
