Una investigación a Alejandro Domínguez fue confirmada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tras detectarse millonarias transferencias bancarias respaldadas únicamente con recibos comunes. La autoridad tributaria busca determinar si corresponde abrir una fiscalización formal y aplicar sanciones administrativas sobre las operaciones financieras reportadas en Asunción.
El director nacional de la institución, Óscar Orué, señaló que el procedimiento técnico apunta a revisar la legitimidad y el cumplimiento tributario de los fondos acreditados. La falta de comprobantes legales válidos en operaciones de gran envergadura encendió las alarmas dentro del esquema de control fiscal del país.
Pagos millonarios bajo investigación a Alejandro Domínguez
De acuerdo con la documentación revelada, las transferencias salieron desde una cuenta corporativa perteneciente al Grupo Vázquez y tuvieron como destino la cuenta bancaria personal del dirigente deportivo en Ueno Bank. En total, se registraron cuatro envíos de dinero que sumaron montos de gran volumen durante diferentes periodos.
El primer desembolso ascendió a 725.000 dólares estadounidenses y se ejecutó en diciembre de 2025. Posteriormente, en marzo de 2026, se remitió un segundo giro por 1.525.000 dólares, amparado en un correo que autorizaba el pago de comisiones bajo un presunto acuerdo aprobado por Miguel Vázquez.
Los desembolsos continuaron en mayo con dos giros adicionales por 286.000 y 181.000 dólares respectivamente. Para justificar estas sumas, el titular de la cuenta receptora presentó únicamente tres recibos simples sin numeración oficial, omitiendo la expedición de facturas con timbrado vigente.
Alertas antilavado y el rol de las entidades bancarias
Los llamativos movimientos de fondos levantaron alertas tempranas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, lo que forzó al área de cumplimiento de la entidad financiera a solicitar respaldos documentales. Dichos antecedentes ya fueron derivados al Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.
Desde la administración tributaria manifestaron sorpresa ante la actuación de la entidad bancaria involucrada. Según el criterio de los fiscalizadores, los protocolos de debida diligencia exigen normalmente la presentación de facturas legales con validez tributaria para justificar movimientos de semejante magnitud monetaria.
La normativa bancaria paraguaya obliga a las instituciones del sistema a extremar cuidados frente a transferencias atípicas. La recepción de comprobantes precarios sin valor tributario contradice las prácticas habituales de prevención de lavado de activos y control de origen de fondos.
Procedimientos de la administración tributaria y marco sancionatorio
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios actúa como el ente recaudador y fiscalizador del Estado paraguayo, unificando las antiguas dependencias de Aduanas y Tributación. Su misión incluye la detección de inconsistencias impositivas, la evasión fiscal y el uso irregular de instrumentos contables.
En caso de confirmarse irregularidades en la investigación a Alejandro Domínguez, la institución puede ordenar una fiscalización puntual o integral. Este proceso puede derivar en multas de hasta el triple del impuesto defraudado, sumadas a los recargos e intereses moratorios previstos en la ley.
El avance de las pesquisas de la administración tributaria correrá de manera paralela a las actuaciones del Ministerio Público. La ciudadanía y el sector empresarial siguen de cerca el caso debido a la relevancia pública de los actores involucrados y las exigencias de transparencia financiera vigentes en el país.
Datos clave
- La DNIT abrió una investigación para determinar si aplica sanciones tributarias por pagos millonarios carentes de facturas legales timbradas.
- Cuatro transferencias sumaron más de 2.700.000 dólares desde cuentas del Grupo Vázquez hacia la cuenta de Alejandro Domínguez en Ueno Bank.
- Tres recibos comunes sin numeración oficial fueron los únicos comprobantes aportados para justificar las transacciones.
- La Seprelad y el área de cumplimiento bancario activaron alertas preventivas cuyos antecedentes obran en poder del Ministerio Público.






