El flujo de la inversión extranjera en Panamá mantiene ventajas estratégicas indiscutibles, aunque tropieza con serios desafíos vinculados a la corrupción y a la debilidad institucional. Así lo advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su informe anual sobre el clima de negocios correspondiente a 2026. El documento oficial reconoce las fortalezas logísticas del país centroamericano, pero remarca que la falta de garantías en los tribunales desalienta a nuevos capitales internacionales.
La evaluación norteamericana resalta que la posición geográfica privilegiada, la economía dolarizada y la operatividad del Canal de Panamá constituyen los pilares del atractivo económico local. Pese a estas condiciones favorables, las presiones fiscales y los problemas recurrentes de gobernanza generan incertidumbre en las corporaciones extranjeras. Hacia finales de 2024, la inversión directa procedente de Estados Unidos representaba 5.200 millones de dólares, lo que ratifica la relevancia de la plaza mercantil en la región.
Retos judiciales para la inversión extranjera en Panamá
Uno de los apartados más críticos del reporte oficial describe el funcionamiento del Órgano Judicial y la resolución de controversias comerciales. Diversas empresas estadounidenses denunciaron haber recibido tratamientos inconsistentes o arbitrarios dentro de los tribunales panameños. La carencia de herramientas tecnológicas modernas y la escasa especialización comercial de los magistrados retrasan la definición de litigios contractuales y patrimoniales.
Ante este escenario de dilaciones procesales, numerosas firmas eligen recurrir a mecanismos de arbitraje internacional o mediación para resguardar sus intereses patrimoniales. No obstante, las denuncias persistentes sobre sesgos en los fallos y cambios intempestivos en las regulaciones continúan deteriorando la confianza de los operadores privados. El reporte menciona el antecedente de la mina Cobre Panamá como una muestra patente de los riesgos regulatorios vigentes, donde la presión social y política desencadenó reclamos arbitrales millonarios.
Denuncias de corrupción y opacidad en compras públicas
El análisis del Departamento de Estado enfatiza que las prácticas corruptas siguen representando una barrera estructural de gran envergadura. Representantes corporativos notificaron la existencia de presuntos pagos indebidos, adjudicaciones infladas y una visible opacidad en la concesión de licencias gubernamentales. Las deficiencias no solo abarcan los contratos públicos sino también los trámites administrativos vinculados con la titulación de propiedades y permisos operativos.
Si bien el Estado panameño sancionó normativas para modernizar las compras del sector público, los mecanismos de fiscalización todavía muestran aplicaciones irregulares y débiles. El Departamento de Estado alertó sobre la vulnerabilidad del Ministerio Público ante presiones partidarias, lo que debilita la rendición de cuentas. Por estas razones, la estabilidad jurídica para la inversión extranjera en Panamá queda sujeta a dudas operativas constantes.
Sistema financiero, reformas tributarias y brecha laboral
En el plano financiero y normativo, la administración estadounidense consignó progresos palpables de las autoridades panameñas. El país logró salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional durante 2023 y posteriormente abandonó el listado europeo de jurisdicciones de alto riesgo. Asimismo, en mayo de 2026, el presidente José Raúl Mulino promulgó la Ley de Sustancia Económica con el propósito de adecuarse a los estándares de transparencia fiscal exigidos por la OCDE y la Unión Europea.
El sistema bancario panameño conserva una sólida reputación con 63 entidades financieras autorizadas, aunque carece de una banca central o de seguros de depósitos formales. Por otra parte, la disponibilidad de personal calificado representa otro límite crítico para el desarrollo empresarial. Panamá ocupó el puesto 81 entre 135 países en competencias profesionales de graduados universitarios, a lo que se suma una tasa de empleo informal que alcanzó el 47 % en 2025.
Datos clave
- Inversión acumulada: El capital directo de origen estadounidense alcanzó los 5.200 millones de dólares hacia el cierre del ejercicio 2024.
- Inseguridad legal: Compañías foráneas reportan lentitud procesal, fallos judiciales sesgados y demoras de pago en proyectos estatales.
- Transparencia fiscal: El Gobierno implementó una nueva ley de sustancia económica para armonizar normativas con exigencias de la Unión Europea y la OCDE.
- Déficit de talento: El país presenta escasez de profesionales en áreas tecnológicas y una informalidad laboral promedio del 47 %.
