La inmunidad por delitos sexuales dejaría de proteger a las máximas autoridades políticas de Costa Rica tras el ingreso formal de un proyecto de enmienda constitucional en el parlamento de dicho país. La iniciativa legislativa busca que ningún fuero especial impida o dilate investigaciones penales cuando existan denuncias por agresiones, abusos o acoso sexual contra quienes ocupen cargos de alta jerarquía estatal.
El expediente legislativo número 25.825 pretende modificar de forma puntual cuatro artículos centrales de la Constitución Política costarricense: el 110, el 121 en su inciso noveno, el 143 y el 151. Con estos ajustes, el ordenamiento jurídico establecería una excepción explícita que evitaría trabas procesales ante la justicia penal ordinaria en este tipo específico de causas.
El alcance de la inmunidad por delitos sexuales
De acuerdo con el documento presentado, la reforma legal no suprime el fuero de manera generalizada ni desprotege la función política ordinaria. Los altos jerarcas conservarán las garantías tradicionales frente a eventuales persecuciones partidarias en otras materias, pero ya no contarán con ese escudo institucional frente a hechos punibles de índole sexual.
El texto aclara que la supresión de la inmunidad por delitos sexuales no constituye un prejuzgamiento ni una condena anticipada para los acusados. Quienes enfrenten un proceso penal mantendrán intacto su derecho a la defensa técnica, a controvertir elementos probatorios y a ser juzgados bajo el principio de presunción de inocencia en los tribunales competentes.
La propuesta no limita su impacto a los miembros del Congreso, sino que extiende la supresión del blindaje al presidente de la República, vicepresidentes y ministros de Estado. Con la reforma al artículo 151, la fiscalía podría investigar directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo sin requerir una declaratoria previa de formación de causa por parte de los legisladores.
Origen de la propuesta y antecedentes en el parlamento
La bancada del Partido Liberación Nacional encabeza la iniciativa bajo la firma de su jefe de fracción, Álvaro Ramírez Bogantes, junto a otros quince legisladores de esa agrupación. El parlamentario señaló públicamente que el fuero constitucional no puede funcionar como una herramienta de impunidad ante denuncias de gravedad extrema.
El debate surge en un contexto marcado por recientes controversias dentro del plenario costarricense vinculadas a denuncias por conductas inapropiadas. En meses recientes, varias bancadas solicitaron la renuncia al fuero del diputado Fernando Obaldía Álvarez, perteneciente al Partido Pueblo Soberano, luego de que el Ministerio Público confirmara la apertura de una causa por presunto acoso sexual.
A raíz de ese caso, la presidencia del Congreso conformó una comisión investigadora de carácter especial. Asimismo, la Asamblea Legislativa procesó previamente una amonestación ética contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, antecedente que encendió las alarmas institucionales sobre los límites éticos y legales del fuero.
Trámite constitucional y estadísticas judiciales
Para justificar la urgencia de la medida, los proponentes incorporaron datos del Poder Judicial correspondientes al año 2024, periodo en el que se contabilizaron 15.562 mujeres ofendidas por hechos delictivos de índole sexual. Esta cifra representó el 87 por ciento de las víctimas registradas en las estadísticas oficiales citadas dentro de la exposición de motivos.
Al tratarse de una reforma parcial a la Carta Magna, el texto no seguirá el camino de una ley ordinaria común. El trámite legislativo exigirá superar filtros de admisibilidad constitucional y alcanzar una mayoría calificada de al menos 38 votos afirmativos, correspondientes a dos tercios del total de integrantes de la Asamblea Legislativa.
La discusión sobre restringir la inmunidad por delitos sexuales abre un precedente institucional de enorme interés para los sistemas democráticos de la región, donde el alcance de los fueros y la rendición de cuentas de los gobernantes continúan bajo intenso escrutinio ciudadano.
Datos clave
- Expediente 25.825: la propuesta busca reformar los artículos 110, 121 inciso 9, 143 y 151 de la Constitución Política de Costa Rica.
- Alcance amplio: la excepción procesal abarcará a diputados, ministros, vicepresidentes y a la persona que ejerza la presidencia de la República.
- Mayoría calificada: el proyecto requerirá un mínimo de 38 votos favorables en el plenario para concretar la enmienda constitucional.
- Respaldo estadístico: los legisladores sustentaron la propuesta en registros judiciales de 2024 que reportaron más de 15.500 mujeres afectadas por agresiones sexuales.
