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La CIDH exige frenar ataques y despojo contra comunidades indígenas en Nicaragua

Redaccion BM Online•14 de noviembre de 2026 a las 09:45 a. m.•Managua

Grupo de personas indígenas camina cerca de un alambrado frente a militares armados y maquinaria pesada.

La grave crisis humanitaria y territorial que sufren las comunidades indígenas en Nicaragua motivó un enérgico pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional denunció la continuidad de ataques violentos, despojos de tierras y desapariciones forzadas en la Costa Caribe del país centroamericano. La institución exigió a las autoridades estatales detener la represión de manera inmediata e investigar los crímenes documentados.

Las denuncias documentadas por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) detallan un escenario alarmante de hostigamiento sistemático. Colonos armados han ejecutado incursiones violentas en territorios protegidos como Mayangna Sauni As. En estos episodios se confirmó el asesinato de comuneros, la quema masiva de viviendas y el desplazamiento forzado de decenas de familias rurales hacia otras regiones.

Violencia armada contra comunidades indígenas en Nicaragua

Entre los hechos más graves recopilados por la CIDH destaca el doble homicidio ocurrido en el municipio de Bonanza. Durante ese operativo ilegal perpetrado por colonos armados, perdieron la vida a tiros Dionicio Hernández Bruno y su hijo José Wilmer Hernández. Este violento suceso provocó el éxodo masivo de los pobladores de la comunidad de Dimanwas, atemorizados por las constantes represalias armadas.

El patrón de agresiones armadas no representa un incidente aislado dentro de la región caribeña. Organizaciones de derechos humanos constataron agresiones con machetes contra integrantes de un equipo comunitario de fútbol y homicidios selectivos por disputas de suelo. Asimismo, decenas de familias en la localidad de Wilu padecen amenazas permanentes y la destrucción sistemática de sus fuentes de cultivo.

A este panorama de inseguridad física se suman denuncias por violencia sexual cometida contra niñas, mujeres y adolescentes en zonas rurales vulnerables. Organismos internacionales alertaron sobre agresiones de extrema gravedad y secuestros que obligan a las víctimas a huir. Esta persecución genera flujos de desplazamiento interno forzado y éxodos transfronterizos en condiciones de alta vulnerabilidad.

Desapariciones forzadas y criminalización de líderes

La persecución judicial contra autoridades comunitarias constituye otro de los ejes denunciados por Amnistía Internacional y la CIDH. Uno de los casos más notorios involucra a los familiares del dirigente miskitu Brooklyn Rivera, quien falleció bajo custodia de las fuerzas estatales. Tras acudir a la capital para reclamar los restos del exlegislador, seis allegados resultaron detenidos y su paradero sigue en la clandestinidad.

Entidades humanitarias internacionales catalogaron estas detenciones como desapariciones forzadas enmarcadas dentro de posibles crímenes de lesa humanidad. Las autoridades nicaragüenses han evitado responder a los reiterados pedidos formales de información presentados por parientes y defensores legales. Al mismo tiempo, al menos veinte integrantes de las etnias miskitu y mayangna continúan privados de libertad bajo condiciones consideradas arbitrarias.

Expansión minera y despojo territorial sin consulta

Por otra parte, el impacto sobre los pueblos indígenas en Nicaragua se profundiza con la concesión indiscriminada de tierras comunales a proyectos extractivos. Organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la CIDH que más del veinticinco por ciento de los territorios ancestrales se encuentra concesionado a la minería. Ninguno de estos proyectos contó con procesos previos de consulta libre e informada.

Ante este cuadro, la CIDH subrayó que la violencia en la Costa Caribe responde a una preocupante complicidad institucional que fomenta la impunidad. La entidad interamericana demandó respetar las medidas cautelares vigentes y sancionar judicialmente a los agresores de las reservas comunales. De igual modo, la protección urgente para las poblaciones indígenas en Nicaragua demanda investigaciones independientes que garanticen la integridad territorial de los pobladores.

Datos clave

  • Ataques armados: Colonos armados asesinaron a líderes comunitarios, quemaron viviendas y desplazaron a familias enteras en la Costa Caribe.
  • Desapariciones forzadas: Seis familiares del dirigente miskitu Brooklyn Rivera siguen con paradero desconocido tras ser arrestados al reclamar sus restos.
  • Avance extractivo: Alrededor del 25,5 % de las tierras comunales ancestrales fue asignado a 62 concesiones mineras sin consulta previa.
  • Exigencia internacional: La CIDH instó al Estado a frenar la represión estatal, liberar a comuneros detenidos y sancionar a los responsables de los crímenes.

Fuente: infobae.com

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