El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, se encuentra en el centro de un nuevo planteamiento procesal tras solicitar formalmente la prisión domiciliaria a la Justicia paraguaya. La solicitud fue promovida por su representación jurídica luego del ingreso de urgencia del exfuncionario en el Hospital Nacional de Itauguá, donde permanece internado bajo observación médica especializada. El juzgado competente autorizó la intervención interdisciplinaria tras el dictamen favorable del Ministerio Público sobre la viabilidad de revisar su condición de encierro.
El cuadro clínico de Hugo Javier González y la junta médica
El representante legal del exjefe departamental, el profesional Guillermo Gayoso, fundamentó la petición en la presunta existencia de afecciones cognitivas, físicas y neurológicas severas. Según expuso la defensa, las secuelas impiden que el procesado ejerza con plenitud sus facultades mentales, requiriendo auxilio sanitario continuo.
Para certificar la veracidad de estas manifestaciones, la magistratura resolvió la integración urgente de una junta médica. Este equipo técnico multidisciplinario estará compuesto por peritos del Poder Judicial, agentes forenses del Ministerio Público y especialistas designados por la propia defensa. Los profesionales deberán inspeccionar exhaustivamente al exgobernador en las instalaciones asistenciales de Itauguá para emitir un diagnóstico conclusivo sobre la necesidad real de una medida menos restrictiva.
Alegatos de la defensa sobre el deterioro de la salud
Conforme a los datos proveídos por el abogado Gayoso a medios radiales, Hugo Javier González exhibe ligeras mejorías en la motricidad, aunque mantiene un impedimento funcional cercano al veinte por ciento de su movilidad general. Asimismo, la defensa técnica asegura que el otrora animador y político experimenta episodios agudos de desorientación temporal y alucinaciones frecuentes.
Frente a este escenario médico descripto, los representantes legales peticionan que el cumplimiento de la privación de libertad se traslade a su domicilio particular en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. La propuesta estipula que dicho régimen se ejecute con custodia permanente y la asistencia de cuidadores de salud. El juzgado a cargo mantendría verificaciones y controles periódicos para monitorizar el tratamiento.
Por otra parte, la defensa técnica cuestionó públicamente la divulgación no autorizada de material audiovisual registrado dentro del establecimiento sanitario. El abogado calificó la difusión de fotografías y grabaciones de su defendido con personal médico como un quebrantamiento a la intimidad, por lo que anunció que arrimará las pruebas respectivas al expediente para exigir sanciones judiciales.
Contexto penal y situación procesal
Cabe recordar que el procesado cuenta con una condena en primera instancia de diez años de pena privativa de libertad por presuntos desvíos y anomalías en la administración de fondos departamentales durante su mandato en la Gobernación de Central. Esta sentencia todavía no cuenta con firmeza jurídica definitiva, ya que la defensa anunció la interposición de las acciones recursivas contempladas en la legislación procesal penal de Paraguay.
El Código de Ejecución Penal y el Código Procesal Penal paraguayos contemplan la sustitución transitoria de la reclusión carcelaria cuando un interno padece dolencias graves, terminales o que no puedan ser atendidas debidamente en un recinto penitenciario ordinario. El dictamen final de la junta médica será el elemento probatorio determinante para que el magistrado de la causa resuelva si corresponde conceder el beneficio o mantener el régimen ordinario de reclusión.
Datos clave
- La defensa técnica del exgobernador Hugo Javier González formalizó el pedido de arresto domiciliario en su inmueble de Emboscada.
- El diagnóstico alegado por su abogado sostiene que el imputado padece una limitación motriz del veinte por ciento, alucinaciones y secuelas neurológicas.
- Una junta médica forense conformada por peritos del Poder Judicial, Fiscalía y la defensa evaluará clínicamente su estado en el Hospital Nacional de Itauguá.
- El exfuncionario cumple una sentencia no firme de diez años de cárcel dictada en primera instancia, resolución que se encuentra bajo proceso de apelación.
