La hija de Beto Ovelar, Silvia Antonella Ovelar Ayala, presentó su renuncia formal a su cargo en el Poder Judicial de Paraguay tras hacerse públicas presuntas irregularidades vinculadas a un marcado absentismo laboral. La determinación de la joven de 22 años fue oficializada mediante una resolución de la máxima instancia judicial luego de varios reportes sobre sus reiteradas faltas en la capital del país.
Las irregularidades atribuidas a la funcionaria judicial
De acuerdo con las averiguaciones divulgadas por el medio El Observador, la funcionaria acumulaba mes a mes llegadas tardías, permisos de salud y licencias tanto con goce como sin goce de sueldo desde su incorporación. Los registros de asistencia indicaron que durante su primer mes en funciones acudió a trabajar únicamente en cuatro oportunidades, de las cuales en una ocasión registró retraso. Durante sus primeras dos semanas posteriores a la designación, la afectada no se presentó en ninguna jornada.
En ese contexto, la normativa institucional vigente en el sistema de justicia establece límites estrictos respecto a los permisos laborales permitidos a los dependientes estatales. La Acordada 1679 de la Corte Suprema de Justicia estipula que los funcionarios judiciales pueden acceder como máximo a veinte días hábiles anuales para permisos por razones particulares. Sin embargo, los reportes señalaron que la suma global de sus ausencias sobrepasó ampliamente ese tope legal sin que mediara apercibimiento administrativo alguno.
Situación de la hija de Beto Ovelar en tribunales
La designación de la hija de Beto Ovelar se había producido el 1 de febrero de 2026 bajo la modalidad de nombramiento interino, asignándole funciones en el área jurisdiccional. La funcionaria percibía una asignación mensual cercana a los 3.266.690 guaraníes por prestar servicios dentro de la estructura administrativa de los tribunales. Pese a las responsabilidades inherentes a su labor, los datos señalan que no completó un solo ciclo mensual con asistencia regular a lo largo del año.
Tras la divulgación pública de estas presuntas faltas, la Corte Suprema de Justicia procedió a tramitar la desvinculación formal mediante la Resolución 1545 con fecha del 26 de octubre de 2026. El documento oficial llevó la rúbrica de varios ministros de la máxima instancia, entre ellos su titular Alberto Martínez Simón. La dimisión fue aceptada rigiendo a partir de noviembre y la recurrente justificó su apartamiento alegando motivos estrictamente particulares.
Cuestionamientos ciudadanos a los privilegios en el Estado
El apartamiento laboral de la hija de Beto Ovelar ocurre en un contexto de intenso escrutinio ciudadano hacia la contratación de familiares directos de influyentes figuras legislativas. En los últimos meses, diversos sectores de la sociedad civil y del ámbito político han cuestionado la presencia de personas allegadas al poder en puestos de la administración pública, comúnmente denominados nepobabies. Casos similares ya habían derivado en salidas en otras dependencias del Congreso y entes estatales.
El debate sobre la idoneidad y el cumplimiento de las cargas horarias en las instituciones paraguayas sigue generando pedidos de mayor transparencia y control biométrico. Organizaciones ciudadanas y gremios judiciales insisten en que todos los cargos del Estado deben concursarse de forma abierta y bajo rigurosa supervisión de asistencia para garantizar la igualdad de oportunidades y la correcta gestión de los recursos públicos.
Datos clave
- Renuncia oficial: La funcionaria dimitió a su puesto en el Poder Judicial mediante una nota donde argumentó motivos personales tras las publicaciones de prensa.
- Aceptación de la Corte: La máxima instancia judicial aprobó el cese de funciones a través de la Resolución 1545, firmada por ministros como Alberto Martínez Simón.
- Ausencias reiteradas: La investigación periodística constató que la joven sobrepasó con creces el límite de veinte días anuales fijado en la Acordada 1679.
- Ingresos del cargo: La afectada ocupaba un puesto interino con una remuneración aproximada de G. 3.266.690 mensuales desde febrero.
