La ciudadana uruguaya Gianina García Troche seguirá cumpliendo prisión preventiva luego de que un Tribunal de Apelación de la capital rechazara una apelación interpuesta por sus representantes legales. Los magistrados ratificaron la postura de primera instancia al concluir que continúan vigentes los peligros procesales dentro de la investigación del operativo A Ultranza Py. Esta determinación judicial sostiene el encierro preventivo de la mujer vinculada a una presunta red internacional de tráfico de sustancias y blanqueo de capitales.
Los argumentos judiciales sobre Gianina García Troche
La Cámara de Apelaciones respaldó de manera íntegra el criterio que adoptó la jueza penal de garantías Rosarito Montanía. Los camaristas indicaron que la magistrada valoró con fundamentos concretos la persistencia tanto del peligro de fuga como del riesgo de obstrucción a la justicia. Entre los aspectos ponderados se encuentran la elevada expectativa de pena que contempla la legislación paraguaya para estos hechos punibles y el comportamiento previo de la procesada antes de ser aprehendida.
El fallo judicial advirtió que la presentación formal del requerimiento conclusivo del Ministerio Público no extingue de modo automático el riesgo de entorpecimiento. Los jueces sostuvieron que aún resta llevar adelante la producción testimonial y el desahogo de pruebas periciales de cara a un eventual juicio oral y público. En consecuencia, el tribunal enfatizó que la etapa preparatoria no anula la necesidad de resguardar la comparecencia y evitar cualquier interferencia en la causa.
Los integrantes del colegiado de alzada manifestaron de forma expresa que no basta con argumentar el cierre de la investigación inicial para dar por disipado el riesgo procesal. Señalaron que las particularidades del caso exigen mantener las precauciones necesarias para no perjudicar el normal desarrollo del litigio. Para la justicia, las condiciones que fundamentaron el arresto inicial no lograron ser desvirtuadas de forma fehaciente por los abogados defensores.
Rechazo a la fianza y uso de tobillera electrónica
La defensa técnica planteó la sustitución de la reclusión por medidas cautelares menos gravosas y ofreció una garantía económica de monto considerable. Sin embargo, los camaristas determinaron que una caución de alto valor dinerario no garantiza de manera indispensable que la encausada acuda a los llamados de la justicia. Para los magistrados, el respaldo monetario ofrecido resulta insuficiente frente a la magnitud del esquema criminal investigado en territorio nacional.
De igual manera, el Tribunal de Apelación descartó la colocación de una tobillera electrónica como herramienta idónea para neutralizar la posibilidad de obstrucción. El dictamen recordó que este artefacto tecnológico supervisa el desplazamiento físico, pero no restringe las comunicaciones privadas ni impide eventuales presiones hacia testigos. Por esta razón, el tribunal concluyó que el control telemático no ofrece garantías plenas para cautelar los fines primordiales del procedimiento penal.
Antecedentes y acusación fiscal en A Ultranza Py
La causa judicial guarda directa vinculación con el operativo A Ultranza Py, considerado uno de los despliegues más extensos contra el crimen organizado en el país. El Ministerio Público sostiene que Gianina García Troche habría utilizado fondos de procedencia ilícita para sustentar un estándar de vida sumamente ostentoso durante su permanencia en Paraguay. Las pesquisas apuntan a transacciones financieras, compra de inmuebles suntuosos y aportes de capital en entidades deportivas locales.
Los agentes fiscales señalan en su acusación que la imputada, quien manifestó haber sido pareja de Sebastián Marset, obtuvo beneficios económicos derivados del narcotráfico. La investigación vincula estas acciones al esquema atribuido a Marset y a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, orientado a integrar capitales espurios al circuito bancario y comercial formal. Con la reciente ratificación judicial, la procesada permanecerá bajo custodia a la espera de la audiencia preliminar en la que se definirá si enfrenta juicio oral.
El juzgado penal de garantías tendrá a su cargo la valoración de las pruebas presentadas tanto por el equipo fiscal como por los abogados defensores durante la etapa intermedia. En esa instancia procesal, la magistratura resolverá sobre la admisibilidad de las evidencias documentales y periciales, determinando si la causa se eleva a debate público. Hasta tanto se defina dicha fecha, la imputada deberá permanecer recluida bajo estrictas medidas de seguridad penitenciaria.
Datos clave
- Ratificación de prisión: El Tribunal de Apelación confirmó la prisión preventiva para la procesada en el marco de la causa judicial.
- Peligros procesales: Los jueces concluyeron que persisten los riesgos de fuga y de obstrucción de las investigaciones pendientes.
- Medidas insuficientes: La fianza millonaria y la propuesta de tobillera electrónica fueron consideradas insuficientes para garantizar el proceso.
- Esquema de lavado: La Fiscalía acusa el presunto ingreso de capitales ilícitos del narcotráfico a la economía formal de Paraguay.






