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Contraloría audita gastos reservados de la Fiscalía General por presuntos desvíos

Redaccion BM Online•17 de noviembre de 2026 a las 03:12 p. m.•Asunción

Emiliano Rolón habla frente a un micrófono institucional en la sede del Ministerio Público en Asunción.

Los gastos reservados de Fiscalía quedaron bajo una exhaustiva fiscalización dispuesta por la Contraloría General de la República en Asunción. La medida institucional busca clarificar el destino de millonarios recursos asignados al Ministerio Público durante el ejercicio anterior. Esta intervención técnica se desencadenó a partir de insistentes advertencias parlamentarias sobre presuntas inconsistencias en el manejo administrativo de los fondos confidenciales.

La decisión gubernamental fue rubricada por el contralor general Camilo Benítez Aldana mediante una resolución oficial. El procedimiento fue asignado a la Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias, cuyos peritos verificarán si las erogaciones se apegaron al marco normativo vigente en el país.

Alcance técnico de la auditoría estatal

El equipo auditor designado cuenta con Edgar Gómez en la tarea de supervisión, acompañado por Derlis Riquelme como jefe de equipo y Liliana Castillo en carácter de auditora operativa. La labor se concentrará de forma exclusiva en el Grupo de Gastos 900 referente a Otros Gastos y en la partida 979, correspondiente a las erogaciones reservadas.

La normativa constitucional faculta al órgano de control a revisar cualquier cuenta pública sujeta a sospechas de manejo indebido. Para garantizar la efectividad del proceso, los auditores solicitaron a la Fiscalía General la designación inmediata de un funcionario de enlace oficial en un plazo improrrogable de cinco días hábiles.

El alcance sobre los gastos reservados de Fiscalía

La controversia por los gastos reservados de Fiscalía cobró fuerza tras los cuestionamientos públicos expuestos por la diputada Rocío Vallejo. De acuerdo con los datos presupuestarios expuestos por la legisladora, el Ministerio Público dispuso de una asignación cercana a los 2.500 millones de guaraníes durante el último periodo fiscal.

De esa suma total, cerca de 1.000 millones de guaraníes habrían sido utilizados para la contratación de personal y proyectos de infraestructura física. Estos rubros contravienen la naturaleza de los fondos confidenciales, que legalmente deben orientarse a tareas de seguridad e inteligencia investigativa sin fines operativos ordinarios.

Procedimientos in situ y verificación documental

El plan de trabajo establecido contempla la realización de entrevistas a responsables administrativos, análisis cruzados y revisiones directas en las instalaciones de la Fiscalía. Los auditores labrarán actas oficiales por cada legajo recibido para certificar la cadena de custodia de la documentación.

Este mecanismo busca determinar si los gastos reservados de Fiscalía respetaron el marco legal vigente durante el último ejercicio presupuestario. Las inspecciones abarcarán tanto la sede central en la capital como las dependencias operativas que recibieron transferencias para programas específicos.

Presión política sobre Emiliano Rolón

La apertura de esta fiscalización se da en medio de fuertes reclamos contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El Colegio de Abogados del Paraguay solicitó públicamente su renuncia, mientras bancadas parlamentarias debaten el impulso formal de un juicio político en el Congreso Nacional.

Los legisladores que promovieron la intervención adelantaron que aguardarán el dictamen técnico definitivo del órgano contralor. Con las conclusiones oficiales en mano, evaluarán presentar una denuncia penal ante los tribunales en caso de confirmarse irregularidades en la administración del presupuesto.

Datos clave

  • Auditoría abierta: La Contraloría General fiscaliza las partidas confidenciales del Ministerio Público tras denuncias legislativas.
  • Monto cuestionado: Se investiga el destino de casi 1.000 millones de guaraníes presuntamente aplicados a contrataciones de personal.
  • Plazo fijado: La Fiscalía General del Estado tiene cinco días para nombrar un nexo y remitir la documentación requerida.
  • Riesgo legal: Varios sectores del Congreso esperan los resultados para fundamentar un eventual juicio político y denuncias penales.

Fuente: abc.com.py

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