La conformación del gabinete de Pedro Alliana generó sorpresa en el ámbito político nacional luego de confirmarse la permanencia de figuras centrales de la administración anterior. Tras la destitución de Santiago Peña mediante juicio político, el nuevo mandatario inició su gestión manteniendo a los principales encargados del manejo de las finanzas públicas.
Esta decisión del Poder Ejecutivo se produce en medio de las investigaciones penales e institucionales originadas por el colapso de Ueno Bank. A pesar de la incertidumbre sobre los recursos públicos afectados, la conducción estatal no presenta una ruptura profunda con el esquema previo.
Ratificaciones en el equipo económico y financiero
Entre las confirmaciones más notorias se encuentra la continuidad de Óscar Lovera al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. La institución, encargada de la política fiscal y la administración presupuestaria general, continuará bajo la misma dirección que tuvo desde abril de 2026.
Asimismo, el presidente resolvió mantener a Óscar Orué como director nacional de Ingresos Tributarios. Esta repartición recaudadora unifica las áreas aduaneras y tributarias del Estado, por lo que su liderazgo sigue siendo un punto de interés clave para la gestión de fondos públicos.
La permanencia de ambas autoridades provocó cuestionamientos políticos debido a la necesidad de esclarecer cómo funcionaron los controles estatales. Si bien las competencias de estos organismos no corresponden a la supervisión bancaria, sus decisiones resultan esenciales para contener los efectos patrimoniales del fraude.
Reorganización interna en el gabinete de Pedro Alliana
Las modificaciones decididas dentro del gabinete de Pedro Alliana se enfocaron en el enroque de autoridades y en retornos específicos. En el Ministerio del Interior asumió Ariel Martínez Fernández, exministro de la administración de Horacio Cartes, tras la renuncia presentada por Enrique Riera.
Por su parte, Juan Carlos Baruja dejó la cartera de Urbanismo para asumir la conducción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en reemplazo de Claudia Centurión. De manera similar, Rolando de Barros Barreto pasó del Ministerio del Ambiente a la jefatura del Gabinete Civil de la Presidencia.
Otras áreas mantuvieron a sus titulares sin variantes respecto al mandato anterior. Isaías Fretes en Salud Pública, Rubén Ramírez Lezcano en Relaciones Exteriores, Óscar González en Defensa Nacional y Rodrigo Nicora en Justicia fueron ratificados en sus respectivos despachos.
Igualmente, Derlis León continuará presidiendo el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Dicha continuidad cobra particular atención ciudadana ante las alertas generadas por los fondos previsionales expuestos a la crisis de la entidad bancaria.
Antecedentes de la destitución y causas pendientes
La crisis política tuvo su detonante en la primera semana de noviembre con la insolvencia declarada de Ueno Bank. La gravedad de la situación derivó en la promulgación de la Ley 7745 para viabilizar anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos a los ahorristas afectados.
El juicio político concluyó el 6 de noviembre en el Senado con la remoción de Peña por mal desempeño de funciones. La posterior imputación fiscal y orden de prisión preventiva alcanzaron tanto al exmandatario como al extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
La ciudadanía aguarda determinar la cuantía real de las pérdidas económicas y el destino de los depósitos estatales comprometidos. Todavía restan nombramientos en la estructuración del gabinete de Pedro Alliana, especialmente en las carteras de Ambiente y Urbanismo que quedaron vacantes.
Datos clave
- Óscar Lovera y Óscar Orué fueron ratificados como ministro de Economía y director de Ingresos Tributarios respectivamente.
- Pedro Alliana asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña y la designación de Antonio Barrios en la Vicepresidencia.
- Ariel Martínez Fernández asumió como ministro del Interior tras la renuncia de Enrique Riera luego de la crisis bancaria.
- La Justicia investiga el perjuicio patrimonial estatal y decretó prisión preventiva para el expresidente Peña en el Regimiento Escolta.
