Una lista de fugitivos del FBI y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos expone a diez ciudadanos cubanos acusados de cometer diversos delitos en territorio estadounidense. Las denuncias documentadas abarcan desde asaltos armados a joyerías hasta millonarias estafas contra el programa médico estatal Medicare y abusos hacia menores de edad. En varios de estos expedientes federales, las autoridades de seguridad consideran a la isla caribeña como una de las posibles rutas de escape.
Acusaciones por asalto armado y delitos contra menores
Entre los expedientes más recientes sobresale el caso de Alberto Pérez Elías, de 57 años, a quien las autoridades vinculan con un atraco ocurrido el 6 de enero de 2026 en Cape Coral, Florida. Según los reportes judiciales, los asaltantes ingresaron al comercio Tio Jewelers tras perforar una pared divisoria, amenazaron al encargado con un arma de fuego y sustrajeron piezas valoradas en más de un millón de dólares. Por datos que permitan la detención de este sospechoso, el FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares.
Asimismo, la oficina federal en Tampa mantiene en su nómina de fugitivos a Alejandro T. Pena Lam, de 25 años y con vínculos en Miami. El expediente instruido en su contra detalla la presunta inducción de una adolescente de 13 años para generar y transmitir contenido ilícito por internet, un hecho catalogado como grave por las dependencias federales.
Esquemas de fraude sanitario en la mira de fugitivos del FBI
Una parte sustancial de las causas judiciales corresponde a maniobras ilícitas contra los fondos públicos del Medicare. En esta categoría se destaca la acusación formal contra los hermanos Carlos, José y Luis Benítez, señalados como cabecillas de un esquema que operaba clínicas de infusión para pacientes con VIH en Miami. Según la pesquisa de la Oficina del Inspector General de Salud, esta red tramitó reclamos falsos que alcanzaron un monto aproximado de 110 millones de dólares.
En una causa similar abierta en 2015, Amaury Pérez enfrenta cargos por conspiración y presunto lavado de dinero tras una facturación irregular calculada en 2,5 millones de dólares. Los investigadores federales identificaron igualmente a Cuba como una de las alternativas de paradero para este investigado, aunque sin una confirmación oficial concluyente sobre su localización.
Reclamos médicos ilícitos y usurpación de datos personales
Otras investigaciones acumulan más de una década sin resolverse, como la que pesa sobre Bárbaro Ortega y Raúl Camejo desde 2009. Ambos fueron procesados por generar facturas irregulares de equipos médicos por 3,3 millones de dólares, de los cuales el Estado desembolsó 972.413 dólares. También continúa con orden de captura Jorge Caro, a quien se imputa el uso de identificaciones de personas fallecidas para solicitar cobros por 5,2 millones de dólares a través de un establecimiento médico.
El registro histórico de acusaciones suma a Jorge Iglesias-Vázquez, procesado en 2008 tras recibir pagos por 1,1 millones de dólares a través de su firma comercial. Si bien algunos nombres antiguos ya no figuran en las carteleras activas de la delegación de Tampa, las causas penales continúan registradas en los archivos judiciales federales como precedentes de cooperación interinstitucional contra el crimen organizado.
Datos clave
- Recompensa federal: El FBI mantiene activa una recompensa de 50.000 dólares para capturar a Alberto Pérez Elías por un asalto armado en Florida.
- Fraude millonario: Los hermanos Benítez permanecen prófugos por un esquema médico ilegal que involucró cerca de 110 millones de dólares.
- Delitos a menores: Alejandro T. Pena Lam cuenta con orden de búsqueda tras ser acusado de inducir a una niña de 13 años a enviar material prohibido.
- Posible destino: Distintos expedientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos incluyen a Cuba entre las posibles ubicaciones no verificadas de los sospechosos.
