El proceso judicial por el presunto fraude en SeNaSa dio un giro relevante luego de que trece personas investigadas reconocieran su participación ante las autoridades. El Ministerio Público de la República Dominicana respaldó su acusación con un lote de 706 elementos probatorios durante la audiencia de medidas de coerción.
La audiencia corresponde a la denominada Operación Cobra 2.0-A, un despliegue judicial enfocado en sancionar el presunto desvío de partidas presupuestarias del Seguro Nacional de Salud dominicano. Ante la contundencia de las evidencias exhibidas por los litigantes, varios de los encausados optaron por confesar sus actuaciones y solicitar disculpas en el recinto judicial.
La contundencia probatoria en el fraude en SeNaSa
El procurador adjunto Wilson Camacho lideró la comparecencia junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz. El equipo acusador integró además a los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Camacho explicó que el acervo reunido por los investigadores motivó las confesiones directas de casi la mitad de los procesados presentes. Con base en esta masa probatoria, el juez Rigoberto Sena determinó reservar su resolución para dar a conocer las medidas restrictivas aplicables a cada involucrado.
Para el Ministerio Público, estas admisiones consolidan la teoría fáctica sobre el esquema delictivo montado en el seguro estatal. La fiscalía refutó los documentos académicos aportados por las defensas técnicas, argumentando que dichos atestados no neutralizan el peligro procesal de fuga ni compensan el grave perjuicio patrimonial infligido al erario.
Pedidos diferenciados de prisión preventiva y arresto domiciliario
El esquema de coerción solicitado contempla prisión preventiva de 18 meses para una veintena de imputados, así como la tramitación del expediente bajo las reglas de caso complejo. Esta medida estricta recae sobre exfuncionarios y profesionales de la medicina que presuntamente operaron en connivencia con la estructura delictiva.
Entre los profesionales sanitarios y administrativos señalados para encierro preventivo figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo, Rodríguez Nova y la médica Ysabel Heredia Vallejo. El requerimiento alcanza igualmente a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez, Luz Esther Reyes Durán, Edwin Alberto Batista, José Luís Díaz, Guillermo Enrique Dicló, Griselda Altagracia Basora y Juan Gabriel Rodríguez.
El listado de solicitudes de prisión preventiva incluye además a Martha María Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa, Keila Beatriz Acosta, Laura Altagracia Santana, Yocaira Antonia Méndez y Wander Manuel Díaz. Por el contrario, la fiscalía modificó su postura respecto a nueve imputados que colaboraron activamente con el esclarecimiento de los hechos.
Ese grupo de colaboradores, compuesto por Heidy Coronado, Lucreisy Polanco, Einstein Rafael Borromé, Carlos Job Ynoa, Engels Federico Díaz, Rafael Mauricio Cabral, Víctor Felipe Rodríguez, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes, enfrentará arresto domiciliario. Las autoridades aclararon que la colaboración procesal atenúa la medida cautelar pero no extingue la persecución penal en curso.
Vulneración del derecho a la salud y antecedentes del esquema
La procuradora Mirna Ortiz enfatizó que el trasfondo de la acusación trasciende los montos económicos sustraídos en la causa. La fiscalía sostiene que el bien jurídico primordialmente lesionado ha sido el acceso fundamental a los servicios médicos de la población beneficiaria del seguro.
La causa guarda conexidad directa con pesquisas previas como la Operación Onco14, donde se investigó un desvío de recursos que perjudicó a instituciones de tratamiento oncológico y a pacientes con cáncer. Además, la etapa fundacional de la Operación Cobra derivó en el arresto del anterior titular de la entidad aseguradora, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a otros diez presuntos colaboradores.
Los tipos penales imputados al entramado abarcan falsedad documental, prevaricación, desfalco, cobro indebido de comisiones, lavado de activos y asociación ilícita. La investigación mantiene líneas abiertas, dado que una porción considerable de los beneficios ilícitos habría sido distribuida mediante pagos en efectivo sin dejar rastros en el sistema bancario.
Datos clave
- Carga probatoria masiva: El Ministerio Público sustentó la imputación con 706 pruebas materiales y testimoniales.
- Reconocimiento judicial: Un total de trece personas imputadas admitieron los hechos atribuidos ante el magistrado interviniente.
- Medidas restrictivas solicitadas: La fiscalía requirió 18 meses de prisión preventiva para 20 acusados y arresto domiciliario para nueve colaboradores.
- Marco investigativo ampliado: La causa se vincula con desvíos detectados en tratamientos oncológicos y pesquisas previas a la dirección de la entidad estatal.
