Una comitiva del Ministerio Público allanó varias dependencias para investigar el destino de los fondos del IPS que permanecen comprometidos en Ueno Bank tras la crisis financiera. El operativo judicial se llevó a cabo en Asunción e incluyó la apertura de una bóveda de seguridad, la incautación de certificados de depósito de ahorro y el retiro del teléfono celular del presidente de la previsional, Derlis León.
La intervención de los agentes fiscales responde a la necesidad de verificar la trazabilidad y la legalidad de colocaciones que superan los 516 millones de dólares. La cifra surge de los registros internos de la Dirección de Inversiones, en momentos en que el Banco Central del Paraguay reconoció un desbalance financiero en la mencionada entidad bancaria que oscila entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.
Allanamientos simultáneos e incautación de evidencias
El despliegue fiscal estuvo liderado por los agentes Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester y Verónica Valdez Rivas, quienes revisaron las oficinas de la Presidencia del ente y de la Dirección de Seguridad Social. La sede intervenida corresponde al edificio de la Caja Central, ubicado sobre las calles Constitución y Luis Alberto de Herrera de la capital.
De forma paralela, las fiscalas Elena Fiore Franco, Marlene González y Laura Giacummo inspeccionaron la Dirección de Inversiones de la previsional. En este sitio los intervinientes requisaron expedientes de contratación, reglamentaciones internas, dictámenes jurídicos y resoluciones dictadas por el Consejo de Administración para respaldar las colocaciones bancarias.
Durante la inspección de la bóveda institucional, los peritos encontraron los documentos físicos de los certificados de depósito de ahorro emitidos a favor del seguro social. El teléfono móvil del titular de la entidad también quedó en poder de la comitiva para su correspondiente peritaje técnico.
El desglose de los fondos del IPS entre ahorro y gastos
Los registros presentados por la Dirección de Inversiones revelan que la exposición total alcanza 516.379.399 dólares con 69 centavos al momento del cierre contable. La mayor parte de este capital, unos 358,7 millones de dólares, integra las reservas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, además de reservas técnicas y fondos de contingencia.
Por otra parte, unos 157,6 millones de dólares corresponden a cuentas operativas corrientes. Estos recursos se utilizaban para la gestión diaria de las áreas de salud, prestaciones económicas, pago de sueldos y recaudación de aportes obrero-patronales en todo el territorio nacional.
Las pesquisas indican que las colocaciones de los fondos del IPS en el banco bajo investigación experimentaron un fuerte crecimiento desde 2023. En ese año los depósitos rondaban 80.000 millones de guaraníes, pero aumentaron paulatinamente hasta alcanzar unos 2,2 billones de guaraníes a finales de 2025.
Modificaciones normativas y controles bajo sospecha
Los investigadores buscan determinar si las modificaciones de las matrices de riesgo aprobadas entre 2023 y 2024 facilitaron el incremento de operaciones con la entidad bancaria. Entre las transacciones observadas figura la adquisición de bonos financieros por 250.000 millones de guaraníes a siete años de plazo, instrumentos que carecen de la cobertura tradicional del Fondo de Garantía de Depósitos.
Las autoridades judiciales buscan aclarar la legalidad del traspaso de los fondos del IPS hacia entidades con desbalances patrimoniales advertidos por el Banco Central del Paraguay. La fiscalía confirmó que estas diligencias forman parte de una causa penal abierta que indaga presuntos hechos de lesión de confianza y administración en provecho propio.
Datos clave
- Monto total comprometido: Más de 516 millones de dólares de la previsional continúan colocados en la entidad bancaria intervenida.
- Evidencias incautadas: Los fiscales requisaron expedientes administrativos, dictámenes, certificados de ahorro de la bóveda y el teléfono celular de la presidencia.
- Distribución del dinero: Cerca de 358,7 millones de dólares pertenecen a reservas jubilatorias y 157,6 millones de dólares a cuentas corrientes de salud y administración.
- Investigación penal: La causa analiza presuntos delitos de lesión de confianza y modificaciones normativas en la asignación de recursos públicos.






