Los fondos de jubilados se encuentran en el centro del debate público tras las advertencias de gremios del sector pasivo que exigen rescatar sus recursos. Casilda Delgado, representante de jubilados del Congreso Nacional, encabezó los reclamos ante parlamentarios para solicitar la restitución inmediata del dinero depositado en Ueno Bank. El pronunciamiento se dio durante una movilización orientada a respaldar propuestas legislativas que blindan el patrimonio previsional del país.
Riesgo sobre los fondos de jubilados y cajas previsionales
Durante el encuentro en la sede legislativa, los portavoces de la tercera edad manifestaron su profunda intranquilidad por el destino de los depósitos estatales. La preocupación abarca las reservas del Instituto de Previsión Social (IPS), de las binacionales Itaipú y Yacyretá, de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de la Caja Bancaria y de la Caja Fiscal.
Delgado remarcó que el objetivo central de los trabajadores retirados consiste en recuperar la totalidad de las colocaciones financieras realizadas en la entidad recientemente cerrada. Para las organizaciones civiles, los recursos del sistema previsional representan décadas de esfuerzo laboral de la ciudadanía y no pueden quedar expuestos ante liquidaciones o vulnerabilidades de entidades bancarias privadas.
Exigencia de una ley permanente y calificación mínima
Con el fin de evitar que se repitan situaciones similares, los manifestantes solicitaron formalmente la supresión de los artículos 158 y 159 del marco normativo actual. La iniciativa se articula con proyectos impulsados en la Cámara de Senadores por la legisladora Lilian Samaniego para endurecer las condiciones de resguardo financiero.
Los jubilados plantearon conformar una comisión bicameral encargada de elaborar una ley especial permanente sobre inversiones de las cajas. Delgado argumentó que salvaguardar los fondos de jubilados no puede depender de la Ley de Presupuesto General de la Nación, dado que sus disposiciones cambian de forma anual y permiten operaciones con altos márgenes de riesgo.
En ese contexto, la vocera remarcó que cualquier banco receptor de ahorros previsionales debe contar de manera obligatoria con una calificación crediticia AAA. Desde la perspectiva de los gremios, una entidad que carezca del máximo nivel de solvencia y respaldo financiero jamás debería ser autorizada a captar recursos destinados a las futuras pensiones.
Propuesta de presupuesto por resultado en la gestión estatal
Además de buscar el retorno del capital financiero, los representantes pasivos reclamaron al Poder Ejecutivo y al Congreso una transformación profunda en el esquema de administración fiscal. La dirigencia remarcó que cuidar los fondos de jubilados implica exigir eficiencia y transparencia en las políticas públicas del Estado paraguayo.
La propuesta apunta a implementar un presupuesto por resultado que reemplace al modelo contable tradicional. Según explicó Delgado, el formato vigente tolera incongruencias en los papeles sin verificar la ejecución real, mientras que la medición por metas permite auditar el destino concreto de cada guaraní invertido.
Como ejemplo de las falencias en los servicios públicos, la vocera mencionó la escasez de insumos en los centros médicos del departamento de Paraguarí. Sostuvo que un control presupuestario riguroso debe traducirse en rutas construidas, mejoras en las escuelas y hospitales abastecidos con profesionales médicos, enfermeros y equipos tecnológicos operativos.
Datos clave
- Reclamo financiero: Sectores de jubilados exigen recuperar los depósitos previsionales colocados en Ueno Bank tras el cierre de dicha entidad bancaria.
- Entidades involucradas: La advertencia incluye fondos pertenecientes al IPS, Itaipú, Yacyretá, ANDE, la Caja Bancaria y la Caja Fiscal.
- Marco legal: Solicitan derogar los artículos 158 y 159 de la normativa anual y crear una comisión bicameral para redactar una ley permanente de inversiones.
- Exigencia crediticia: Plantean prohibir depósitos previsionales en entidades financieras que no cuenten con la máxima calificación de riesgo AAA.
- Reforma presupuestaria: Exigen adoptar el presupuesto por resultado para controlar de forma tangible las obras públicas y el sistema sanitario.






