El presidente Rodrigo Paz promulgó una reforma legislativa que permite apartar definitivamente al fiscal general de Bolivia cuando enfrente una imputación formal o medidas cautelares privativas de libertad. La firma de la normativa se llevó a cabo en la sede de gobierno en La Paz, en medio de la conmoción institucional desatada por el arresto de la máxima autoridad del Ministerio Público.
La medida apunta de manera directa a resolver la crisis generada por la detención preventiva de Roger Mariaca, investigado por supuestos nexos con redes dedicadas al narcotráfico internacional. Desde la perspectiva regional y paraguaya, la causa despierta particular atención debido a las ramificaciones transfronterizas que operan en el Cono Sur.
La nueva normativa sobre el fiscal general de Bolivia
El texto sancionado introduce cambios directos en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público boliviano. A partir de esta modificación, el Parlamento cuenta con atribuciones expresas para intervenir de forma célere ante situaciones penales que comprometan a las máximas autoridades judiciales.
La norma dispone que la Asamblea Legislativa podrá decretar la suspensión definitiva con el respaldo de dos tercios de los parlamentarios presentes en sesión. Asimismo, el órgano deliberativo quedó facultado para designar de inmediato a un funcionario interino que ejerza la conducción institucional hasta la designación reglamentaria de un nuevo titular definitivo.
Ambas cámaras legislativas habían tratado y aprobado el proyecto en sesiones diferenciadas antes de remitirlo al Poder Ejecutivo. La celeridad del trámite respondió a la necesidad de cubrir el vacío generado en la fiscalía tras las medidas cautelares dictadas en la investigación penal.
Las acusaciones y el operativo de captura
El arresto de Mariaca se concretó tras una serie de denuncias formuladas por el Ejecutivo boliviano por presunta asociación ilícita y favorecimiento al narcoterrorismo. Durante los procedimientos policiales, los intervinientes aprehendieron a otras 13 personas, entre las cuales figuran tres agentes fiscales de diversas dependencias.
La aprehensión ocurrió pocas horas después de que Estados Unidos revocara visados a varios funcionarios bolivianos señalados en informes sobre corrupción y debilitamiento institucional. El Departamento de Estado de dicho país y los integrantes de la alianza continental Escudo de las Américas manifestaron su respaldo público a las pesquisas promovidas por el gobierno de Paz.
En una comparecencia pública, el mandatario boliviano remarcó que las actuaciones no corresponden a decisiones imprevistas, sino a tareas de inteligencia sostenidas durante meses. Paz enfatizó la urgencia de reestructurar las instituciones para evitar la infiltración de organizaciones delictivas en los estamentos del Estado.
Antecedentes y las conexiones con el caso Marset
Las sospechas gubernamentales sobre presunto encubrimiento arrastran antecedentes desde el período en que el investigado se desempeñaba como fiscal departamental en Santa Cruz. En esa época se produjo la evasión del buscado ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien escapó de un cerco policial ejecutado en territorio boliviano.
El presunto narcotraficante logró permanecer prófugo durante meses antes de ser localizado en operativos externos y enviado a los Estados Unidos. La reaparición mediática de grabaciones atribuidas al prófugo reavivó los cuestionamientos hacia la conducta procesal del fiscal general de Bolivia en aquellos procedimientos previos.
La justicia boliviana convocó a las audiencias cautelares correspondientes para definir la situación procesal de Mariaca y los demás procesados en este esquema. El desarrollo de este proceso judicial marcará un precedente en el combate a las estructuras criminales con incidencia en los países limítrofes.
Datos clave
- Reforma legal: la ley promulgada modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público para suspender al fiscal general con dos tercios del Congreso ante imputaciones formales.
- Detenciones simultáneas: junto con Roger Mariaca resultaron aprehendidas al menos otras 13 personas investigadas, incluidos tres agentes fiscales.
- Respaldos externos: la administración de Rodrigo Paz recibió el apoyo diplomático de Estados Unidos y de la iniciativa Escudo de las Américas tras las capturas.
- Conexión regional: las investigaciones involucran sospechas de protección en el caso de la fuga del presunto capo uruguayo Sebastián Marset.
