El feminicidio de Deisy Paola expuso una profunda falla de los organismos estatales para proteger a las víctimas de violencia. Durante una celebración religiosa en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, monseñor Gabriel Escobar Ayala cuestionó la respuesta pública tras el asesinato de la joven de 22 años en Lambaré. El prelado sostuvo que las entidades encargadas de hacer respetar las garantías ciudadanas no cumplieron con su labor preventiva.
La víctima contaba con medidas de alejamiento vigentes tramitadas ante las autoridades judiciales. Pese a las disposiciones legales dictadas con antelación, el agresor violó las prohibiciones y terminó con su vida en la vía pública.
Las fallas del sistema y el reclamo eclesial
Durante su mensaje pastoral, Escobar reprochó la inoperancia en la articulación de medidas de protección ciudadana. Señaló que mientras la clase política se concentra en intereses partidarios, las calles y los vecindarios sufren una ola creciente de violencia e indefensión. El obispo preguntó abiertamente quién asume la responsabilidad frente al trágico desenlace de la mujer.
El prelado calificó de aplazadas a las instituciones intervinientes y demandó una tarea coordinada entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Remarcó que no es posible celebrar la fe cuando la sociedad tolera el abandono de sus integrantes más expuestos a situaciones extremas de vulnerabilidad.
Exigencia de medidas reales ante la desprotección
El líder religioso reclamó dejar de lado las proclamas retóricas para ejecutar políticas públicas efectivas. Aclaró que la misión de la Iglesia no consiste en suplir las obligaciones de la administración pública ni en conformarse con la caridad momentánea. Remarcó que los poderes del Estado deben responder eficazmente para erradicar las fallas estructurales que rodean al feminicidio de Deisy Paola.
Escobar vinculó este reclamo a la postergación que sufren diversos sectores vulnerables del país. Mencionó la falta de empleo digno, la precariedad de las familias campesinas y las carencias que afectan a las comunidades indígenas y a los jóvenes. Indicó que la solidaridad cotidiana entre ciudadanos no exime al Gobierno de garantizar derechos fundamentales.
Investigación del feminicidio de Deisy Paola y situación procesal
El hecho ocurrió el jueves sobre la calle Ybyra Pytã del barrio Santa Lucía, en la ciudad de Lambaré. La víctima caminaba cuando divisó a su expareja aguardándola dentro de un automóvil e intentó escapar pidiendo auxilio. Sin embargo, el atacante descendió del rodado y le disparó con un arma de fuego.
El imputado por el caso es Aldo Duarte, contra quien pesaba una orden judicial de restricción tramitada el 18 de setiembre por violencia familiar. El hombre fue aprehendido posteriormente e imputado por homicidio doloso y feminicidio. El juzgado determinó su remisión al Centro Nacional de Prevenidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
El feminicidio de Deisy Paola reavivó el debate sobre la falta de monitoreo y auxilio policial para las mujeres que denuncian agresiones previas. Colectivos civiles y gremios de la sociedad civil exigen mecanismos inmediatos para evitar que las órdenes de alejamiento queden únicamente en el papel.
Datos clave
- Crítica pastoral: Monseñor Gabriel Escobar afirmó que las instituciones estatales fallaron en resguardar la vida de la joven de 22 años.
- Medida ignorada: El principal sospechoso, Aldo Duarte, tenía una orden judicial de alejamiento dictada en septiembre tras una denuncia por violencia.
- Prisión preventiva: El juzgado ordenó la reclusión preventiva del agresor imputado en el Centro Nacional de Prevenidos.
